AGR Andalucía

Junta y Gobierno, el ajuste de cuentas de la PAC

  • Los agricultores andaluces recibirán más de lo previsto en la propuesta inicial de Bruselas, pero Andalucía pierde fondos de desarrollo rural.

El ministro Miguel Arias Cañete comenzó su comparecencia ante la prensa tras concluir la reunión con los consejeros de las comunidades autónomas que acudieron a la Conferencia Sectorial que tuvo lugar los pasados 20 y 21 de enero dejando claro que no habría más lugar a la negociación con motivo de la nueva Política Agraria Común (PAC). "Con esto ha concluido el largo proceso de la puesta en marcha de la PAC en España", afirmó. Arias Cañete parecía despedirse así de un Ministerio en el que en los últimos meses se han cerrado muchos frentes abiertos, tal vez ante la premura de una posible cita futura no muy lejana, con responsabilidad en el ámbito europeo.

En todo caso, el ministro de Agricultura quería dejar claro que, con acuerdo o no, su departamento era el que tenía la potestad de decidir sobre el reparto de las ayudas y otras cuestiones que quedaban sin cerrar. Y que según el Ministerio sólo quedaban flecos pendientes en manos de los técnicos. Daba fin con todos lo honores al proceso negociador aunque hubiera alguna comunidad que se mostrara disconforme como era el caso de Andalucía, representada en esta Conferencia Sectorial por la consejera de Agricultura, Elena Víboras.

Se cerraba una larga etapa sin que los agricultores y ganaderos sepan a ciencia cierta qué cantidades cobrarán individualmente a partir de 2015, el año en que se aplicará de modo efectivo la nueva PAC. Según el ministro no lo sabrán hasta que se cierren los mapas técnicos que dividirán España entre 20 y 22 comarcas agrarias, en función de características agronómicas, según predominen los pastos, los cultivos leñosos, el secano o el regadío y después de que estos cálculos se apliquen sobre las declaraciones efectuadas.

En todo caso se puede decir que lo que llegará directamente a los bolsillos de los agricultores andaluces es más de lo que hubieran recibido de haber prosperado la "tasa plana" que se barajaba en un principio. En este sentido se puede decir que la negociación coordinada del ministro Miguel Arias Cañete y el ex consejero de Agricultura Luis Planas, respaldada por todo el sector agrario andaluz, salvó el match ball de Bruselas.

Otra cosa es la segunda fase de la negociación, la que ha concluido ahora, en la que se puede decir que Andalucía ha sido la comunidad perdedora, aunque en principio el principal damnificado sea la Junta de Andalucía, que recibirá menos fondos para acometer programas de desarrollo rural y además deberá aportar más dinero para cofinanciar lo que se quiera poner en marcha.

En los últimos siete años llegaron a Andalucía 12.400 millones de fondos agrarios comunitarios y los que vengan hasta 2020 serán 12.000 millones, un impacto muy bajo y un nivel de ayudas que difícilmente se podrá mantener en reformas futuras de la PAC, ya que la tendencia es que los agricultores y ganaderos cada vez sobrevivan más con los precios de mercado de sus productos, como ahora hacen las frutas y hortalizas, y menos con subvenciones o derechos históricos.

Sin embargo, aunque el dinero en pagos directos más o menos queda estable, en Andalucía duele especialmente el recorte de 211 millones en fondos de desarrollo rural, ya que es la comunidad donde el descenso es más acusado.

La 'ayuda' de Cañete

El ministro justificaba el recorte a los fondos de desarrollo rural para Andalucía en el reparto del anterior periodo de la PAC bajo el Gobierno socialista, en el que se destinó más ayudas a las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las tres, entonces, con mayorías del PSOE. De hecho, asegura que la comunidad andaluza recibió 500 millones más de lo que le correspondía y que el Gobierno andaluz dejó sin ejecutar un total de 600 millones.

En aquel periodo España perdió cerca de 956 millones de euros de desarrollo rural, aunque en el reparto salió beneficiada Andalucía que ganó entonces un 34%, mientras Castilla y León reducía sus fondos un 44% y Valencia un 60%. Ahora parece que estas comunidades, gobernadas en este caso por el PP, quieren recuperar fondos a costa de Andalucía.

Arias Cañete afirmaba públicamente que su intervención directa ha evitado que Andalucía pierda aún más dinero pero que se ha tratado ahora de corregir disfunciones para el periodo 2007-2013. "Nosotros hemos aplicado criterios objetivos siguiendo las hipótesis de integración que utiliza la Comisión Europea para repartir fondos entre los estados miembros, como son indicadores situación económica, medioambiental y territorial teniendo en cuenta cuestiones como la superficie agraria útil, la superficie forestal y la población rural".

El ministro insistía en que "con los nuevos criterios saldría perdiendo 409 millones en desarrollo rural, pero como podía comprometer desarrollo de programas se aplicó un estabilizador, por lo que sólo pierde 211 millones de euros, un 10%. Lo que ha hecho el Gobierno es impedir que se les quitara más, porque en la conferencia sectorial ha habido muchos consejeros que lo pedían".

Víbores "Se maltrata a Andalucía"

La respuesta del Gobierno andaluz es rotunda. "Por mucho que pensamos y analizamos las fórmulas de la Unión Europea, no hay ni una sola razón por la cual Andalucía tenga que perder si ninguna otra comunidad pierde", afirma la consejera, Elena Víboras.

Por ello, considera que se trata de un reparto "político puro y duro" cuyo diseño, sobre todo en lo relativo a los fondos para el desarrollo rural, ha sido "quitar a Andalucía para repartir al resto de comunidades autónomas que son gobernadas por el PP". Víboras advierte que las críticas de Andalucía a este reparto no pretenden "la confrontación", como argumenta el PP, sino que se basan en "los datos objetivos" del resultado del reparto de la PAC. "No es confrontación ni victimismo, sino una reivindicación objetiva porque a Andalucía se la ha maltratado en el desarrollo rural", concluye.

En cuanto a los criterios seguidos por el reparto en el anterior periodo, desde la Consejería de Agricultura se recuerda que si Andalucía resultó más beneficiada junto con Extremadura y Castilla-La Mancha fue porque esas tres comunidades eran Objetivo 1, condición de la que ahora sólo goza la comunidad extremeña. "Y eso no dependía del gobierno de España sino de la Comisión", se advierte.

Además, junto a Andalucía, ahora han dejado de ser Objetivo 1 cinco comunidades autónomas y de ellas la andaluza ha visto rebajados sus fondos de desarrollo rural, se rebate al ministro.

Con este nuevo reparto de desarrollo rural, Andalucía recibirá ahora el 23,7% de los fondos que llegan a España, cuando hasta ahora le correspondía el 26,5%. "Este ajuste resulta del todo incomprensible, pues no se explica que habiendo subido en 238 millones la dotación de estos fondos para España, Andalucía pierda 211 millones de euros", argumentaba Víboras .

Inversiones en el aire

Con esta reducción de los fondos, Andalucía tendrá dificultades para elaborar los Programas de Desarrollo Rural (PDR) que considera idóneo. Se reducirán fondos para seguir incentivando el empleo, apoyar a los sectores productivos y favorecer la diversificación. Los programas están pendientes de redactarse, pero se puede afirmar que afectarán a actuaciones en modernización del medio rural, como por ejemplo los regadíos, camino, o determinadas infraestructuras para la actividad agroindustrial.

Precisamente agricultores almerienses se quejaban recientemente de que este recorte puede impedir la necesaria inversión en la mejora de los invernaderos, muchos de ellos pendientes de mejora. Más aún cuando se incrementa el porcentaje de cofinanciación de estos programas por parte de las comunidades autónomas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, intentaba hace unos días tranquilizar a las organizaciones agrarias sobre el futuro de los programas de desarrollo rural . La presidenta aseguraba que se mantendrá la cofinanciación de los planes de desarrollo rural una vez que la aportación de la Administración central sufrirá un recorte de 47 millones de euros que deberá complementar el gobierno andaluz.

Díaz se ha comprometido a compensar si fuera necesario la disminución del porcentaje que aportará el Ministerio de Agricultura para la financiación de los planes de desarrollo rural en el nuevo marco 2014-2020.

Los que quedan fuera

Andalucía tampoco ha quedado conforme con la designación de los sectores que se pueden beneficiar de las ayudas acopladas de la PAC, esto es, las que dependen de la producción y que se reservan a factores en grandes dificultades.

Andalucía pretendía que, además de la ganadería, la gran olvidada de la PAC, se incluyeran en estas ayudas al olivar de pendiente o el trigo duro, que finalmente han quedado excluidos de la lista. Según el ministro, en este momento el olivar en España no tiene estos problemas y concretamente en Andalucía ya recibe 900 millones en ayudas; es un cultivo muy apoyado que no está en riesgo de abandono.

Sin embargo, Arias Cañete concede que se revisará en julio de 2016 la evolución del olivar de pendiente y trigo duro. El ministro sostiene que el olivar es el gran vencedor de la PAC aprobada "porque iba a ser el gran perdedor con la tasa plana que se proponía. Todos queremos más. Cuando ya conseguimos que el olivar no perdiera ahora vienen nuevas exigencias".

Finalmente los pagos acoplados se destinan al ganado vacuno, ovino y caprino, la remolacha, el arroz, tomate para la industria, frutos de cáscara, leguminosas de calidad y algunos cultivos proteicos.

Los dirigentes de las organizaciones agrarias han discrepado sobre la distribución financiera de la nueva PAC y mientras Asaja y Faeca opinaban que el resultado no ha sido malo para Andalucía, COAG y UPA denuncian un "reparto político" de los fondos.

La organización Asaja señalaba que la comarcalización de las ayudas agrarias "permitirá mantener la diversidad productiva de Andalucía", y fija un marco estable para desarrollar la actividad agraria durante los próximos años. Su presidente en Andalucía, Ricardo Serra, afirma que "con este modelo se aparca definitivamente la tasa plana, que hubiera supuesto la pérdida de mil millones de euros anuales para los agricultores andaluces".

Por su parte, para el secretario general de COAG-Andalucia, Miguel López, el ministro "ha mentido a los andaluces", porque hasta hace unos días defendía que Andalucía no perdería fondos y, sin embargo, "ha cerrado la PAC aplicando intereses políticos y no criterios objetivos. Nos roban y meten la mano en la cartera". Agustín Rodríguez, máximo responsable de UPA Andalucía, afirmaba que "de lo conseguido en Bruselas", con el reparto de fondos de desarrollo rural, "se le resta a Andalucía", que "pierde recursos del primer y del segundo pilar" y "deja fuera de las ayudas asociadas al olivar en pendiente, la uva pasa y el caprino de leche".

El director gerente de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (Faeca), Rafael Sánchez, resaltaba lo que se consiguió para Andalucía en una primera fase sobre pagos bases y verdes, con "la menor desviación posible de presupuesto entre productores". Sobre el acuerdo actual, donde destacan los pagos acoplados y los fondos para desarrollo rural, reconoce que Andalucía pierde pero conserva "un volumen importante de fondos".

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