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Agricultura y pesca

La crisis del pepino: inocencia culpable

Tomás Monago

La bomba la lanzó el pasado 25 de mayo una mujer llamada Cornelia, apellidada Prüefer-Storcks y con el cargo de consejera de Santidad de Hamburgo. Ese día acusó a varias partidas de pepinos españolas, de Almería y Málaga, de ser el origen de una variante de la bacteria E. Coli que estaba provocando una epidemia de infecciones en el norte de Alemania, con el resultado de 14 muertes.

La bomba cayó en toda España, pero sobre todo en el litoral andaluz, especialmente Almería y, en general, en aquellas zonas donde las frutas y hortalizas estaban en alguna fase de su campaña de ventas, como la fresa o la fruta de hueso (melocotón, nectarina). El efecto fue tan devastador que importadores de toda Europa cancelaron de golpe sus pedidos y en varios países, entre ellos Alemania, se produjo un cierre de facto de las fronteras. Otros, como Rusia, bloquearon la entrada de productos de forma oficial.

 Durante toda una semana el Gobierno español exigió, sin éxito, que se hicieran públicos los resultados, compensaciones por parte de la Unión Europea y que Alemania asumiera su responsabilidad. Lo primero se consiguió, aunque quizás lo que realmente tuvo que ver en ello fue el requerimiento de las empresas afectadas ante los tribunales alemanes.

En efecto, una semana después del anuncio, la misma Cornelia Prüefer-Storcks que lanzó la bomba reconoció que ésta era una bomba falsa. Exculpó a los pepinos españoles de ser causantes de la variante mortal de la E. Coli y se justificó en que, de todas formas, estaban contaminados.

 El Gobierno se cargó de razones, pues, para demandar compensaciones y lo hizo en el marco de la UE. La ministra del ramo, Rosa Aguilar, pidió insistentemente la compensación del 100% de las pérdidas, que al principio fueron estimadas por los propios exportadores en 200 millones semanales (75 en Andalucía). Las exigencias, sin embargo, terminaron por debajo de la realidad. La Comisión Europea comenzó ofreciendo 150 millones para toda Europa -los españoles no eran los únicos afectados-, algo rechazado por los Gobiernos. Así que elevó la cuantía a 210 (terminaron siendo 227), pero sólo permitió cubrir hasta el 50% de las pérrdidas y sólo para cinco productos: pepinos, tomates, lechugas y calabacines. Otros, como el melón, la sandía, el melocotón o la fresa, quedaron fuera. A España se le adjudicaron 71 millones, 58 de ellos para Andalucía.

 La respuesta de la UE estuvo bastante por debajo de las expectativas del Gobierno, porque ni abarcó a todos los productos afectados, ni cubrió el 100% de las pérdidas ni hubo un trato específico para el agricultor español, al fin y al cabo el principal afectado. Alemania tampoco asumió su responsabilidad. El Gobierno federal cerró filas con las autoridades de Hamburgo y no hubo amago de restituir de alguna forma la imagen dañada del sector español. La diplomacia se empleó en conseguir su ayuda para las compensaciones y, aunque se amagó, el Gobierno español descartó finalmente acudir a los tribunales. Se pensó que mejor estar a bien con el gigante que enfrentados. Y se le pidió que contribuyera a restituir la imagen de las hortalizas españolas. Esa es la tarea ahora. No es fácil.

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