El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a facilitar a un vecino la información urbanística y administrativa que había pedido sobre el mercado de abastos de la localidad, La Plaza, después de que, ante la falta de respuesta, ese ciudadano presentara una reclamación. Según informó ayer la entidad, la documentación que debe ser entregada incluye, por un lado, la ficha urbanística de la parcela del mercado (calle San Rafael esquina con calle Jardinillos) y, por otro, el Pliego de Cláusulas Administrativas para la concesión de 25 puestos.

La falta de respuesta a una solicitud de información pública, tal y como recoge la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, supone incumplir la norma, recuerda el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. En relación a ello, la Ley añade además que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible, disponiendo las entidades locales (como es el caso de los ayuntamientos) del plazo máximo de un mes para responder.

En su nota, el ente destaca que el Ayuntamiento que preside la socialista Anta Isabel Jiménez tampoco respondió al requerimiento formulado por el Consejo de Transparencia, en el que le demandaba el informe y el expediente objeto de la reclamación ciudadana. La legislación andaluza en materia de Transparencia señala, en su régimen sancionador, que la falta de colaboración en la tramitación de una reclamación puede constituir una infracción grave. La norma recoge el derecho que tienen todas las personas a acceder a información pública, con algunas limitaciones que, e el caso de Alcalá, no se han alegado en ningún momento.