El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla ha desestimado un recurso que la empresa Sasti Servicios Inmobiliarios había presentado contra una resolución de la Alcaldía de Espartinas, de enero de 2016, en la que se le denegaba una reclamación por responsabilidad patrimonial por más de 3,3 millones de euros, por la tasa por convenios urbanísticos que se le liquidó en el año 2009. También reclamaba los intereses.

El fallo, con fecha del 11 de mayo, aún puede recurrirse, pero da un respiro de momento al Consistorio, que se está viendo obligado a devolver o a anular ingresos millonarios que tenía previstos en sus cuentas desde el mandato pasado, por la aplicación de esa tasa por tramitación administrativa de convenios urbanísticos, anulada en 2011 por el Tribunal Supremo.

En el caso de Sasti, la reclamación se rechaza porque el juez considera que la responsabilidad patrimonial ya habría prescrito, al presentarse fuera de plazo, aunque cree que sí existe el "daño antijurídico y relación de causalidad con la actividad de la administración" que se ha dado en otros casos en los que los tribunales sí han ordenado la devolución del dinero.

Esta reclamación es la segunda más importante en cuantía económicas de las que tenía pendiente el Consistorio, por detrás de otra que sí se está pagando y que supera los 5 millones de euros. La de Sasti afecta además al llamado plan parcial de Aprocom, ahora denominado Waterland, a través del cual el Consistorio pretende abrir un enlace con la SE-40 y la A-49. En concreto, esta empresa es la propietaria de la finca La Marquesa.

Por otro lado, el gobierno local de C's en Espartinas ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas, a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Diputación y a la Mancomunidad del Guadalquivir una valoración jurídica de varios puntos aprobados en el Pleno extraordinario que forzó la oposición el 10 de mayo y que afectan a cuestiones de personal, como la aprobación de la relación y la valoración de puestos de trabajo y la subida salarial. El gobierno -que tiene otro frente abierto con el comité de empresa-, asegura que son propuestas que tienen informes negativos de la Intervención y la Secretaría municipales.