La Subdelegación del Gobierno en Sevilla asegura que, desde mediados de febrero, hay establecido un dispositivo especial de la Policía Nacional con la Policía Local en Camas, para aumentar los controles y la identificación de personas. Estas medidas, según un portavoz de la Subdelegación del Gobierno, están surtiendo algún efecto, de forma que personas que pululaban por el municipio con la intención de ocupar ilegalmente alguna vivienda, están abandonando el lugar. Se espera que el aumento de la "presión policial" contribuya también al desalojo voluntario de algunos de los inmuebles que ya están ocupados irregularmente, sin necesidad de esperar a las resoluciones judiciales y reducir así la importante alarma ciudadana que ha generado el fenómeno. A partir de ahí, se pedirá a las entidades bancarias -propietarias de estas viviendas en su mayoría- que refuercen la seguridad de las mismas, con la instalación de puertas blindadas o "anti-okupación".

Las fuentes consultadas no pudieron precisar si estas medidas se han reforzado tras la pelea multitudinaria que se produjo el pasado sábado, 1 de abril, entre los okupas de una promoción de la calle Cartuja y familiares y allegados de varias propietarios de pisos, en la que hubo un detenido y varios heridos que tuvieron que ser atendidos en centros sanitarios.

A raíz de ese suceso, el malestar vecinal ha aumentado. El Ayuntamiento, que insiste en que se ha dirigido a las entidades financieras propietarias, ha hecho un llamamiento a la calma y afirma que hace todo los posible dentro de sus competencias. Incluso, ha llevado a cabo varias limpiezas en uno de los bloques ocupados, para evitar problemas de salubridad. También ha pedido celeridad a los jueces en los procesos de desalojo.

Precisamente ayer, miembros de la plataforma Unidos por Camas, que se ha constituido en el municipio a raíz del malestar por este y otros problemas, se reunió con el alcalde, Rafael Recio (PSOE). El portavoz de la plataforma recuerda que desde hace más de un año venían avisando de los problemas de convivencia entre okupas y residentes legales en los inmuebles -se estima que en Camas hay entre 80 y 90 viviendas ocupadas- y que podría tener consecuencias como la pelea del pasado sábado.