La paciencia de los ochocientos agentes locales de promoción de empleo (ALPE), pertenecientes a los ya desaparecidos 95 consorcios de Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo y Tecnológico (Utedlt), y que fueron despedidos a finales de septiembre de 2012, se agota. El Tribunal Supremo (TS) ratificó la nulidad de su despido y con ese aval exigen al Ejecutivo de Susana Díaz su reincorporación a sus puestos de trabajo dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los trabajadores, que acusan a la Junta de no ejecutar la sentencia, sostienen que la situación "le cuesta a los andaluces 70.000 euros diarios", como se encargaron ayer de transmitir durante una protesta ante la fachada principal del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Procedentes de toda Andalucía, los agentes presentaron en el resgistro del palacio un escrito exigiendo el cumplimiento de la sentencia del TS. La concentración, que se prolongó durante más de dos horas, forma parte del calendario de movilizaciones diseñado por la Coordinadora de presidentes de comités de empresa de los ALPE. Con él persiguen que el Ejecutivo autonómico preste atención al conflicto y le dé una solución, "ya que es de justicia" al haberse encadenado ya varias sentencias declarando nulo el despido. "Además, se da la triste circunstancia de que gran parte de los afectados se encuentran en situación de agotar las prestaciones por desempleo", declaró a Europa Press la presidenta del comité de empresa en Sevilla, Beatriz Ramos.

Los trabajadores cargan contra la actitud de la Junta, que "está dilatando al máximo" una resolución sobre su situación. Los agentes demandan de la administración, "desde el diálogo y la negociación", que aborde de una vez este conflicto, "restando ansiedad y frustración a los afectados", y con el objetivo de "poner fin al coste que está provocando la dilación de la ejecución de sentencias, que al final será más oneroso para la Hacienda andaluza".