El Parlamento andaluz vivió ayer por la tarde una interpelación extraña, en la que una consejera, Carmen Martínez Aguayo, titular de Hacienda, debía explicar por qué aseguró en un programa de Canal Sur Televisión que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández eran responsables políticos del caso de los ERE, un extremo que el PSOE, su partido, no comparte. Raro porque las declaraciones se produjeron el pasado 5 de abril y porque, desde entonces, Martínez Aguayo ni ha matizado sus palabras ni las ha rectificado, a pesar de que varios dirigentes del PSOE y consejeros del Gobierno de la Junta habían reducido sus manifestaciones a una opinión personal. Raro, o tan claro, porque eso fue lo que ocurrió en el Parlamento: Martínez Aguayo, sin citar a los consejeros ni hablar de responsabilidades políticas, apeló a su libertad de opinión y de expresión.

"Tengo libertad de expresión, soy libre, soy una persona libre y me siento orgullosa de pertenecer a un partido donde se respeta la libertad de opiniones". Ni matizó ni rectificó ni cambió aquello que dijo, pero no más, a pesar de que la parlamentaria del PP Ana María Corredera le interpeló en dos ocasiones para que se reafirmase en las declaraciones de Canal Sur TV. No se reafirmó de modo explícito, pero quedó clara cuál es su opinión: que los responsables políticos del caso de los ERE estaban allí donde se producía el gasto; es decir, en la Consejería de Empleo. La comisión de investigación del Parlamento concluyó, por un desacuerdo entre los grupos, que sólo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero era el responsable de todo el escándalo. Aguayo, en televisión, elevó el listón en coincidencia con lo que había expresado IU en esa misma comisión de investigación.

La consejera citó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, también a "título personal", se había manifestado sobre el caso Bárcenas.

Pero la parte más agria del debate, en teoría sobre los ERE, se desarrolló a cuenta de unas acusaciones del PP al marido de Carmen Martínez Aguayo, un urbanista que trabajó durante 2004 a 2008 para el ayuntamiento de Burguillos como asesor externo para la realización del PGOU, y sobre cuyo trabajo el interventor ha considerado que debió corresponder a un funcionario. El caso es que el interventor realizó este informe el pasado 12 de abril sobre la gestión de los ocho años anteriores. Burguillos es gobernado ahora por el PP.

Aguayo mostró las facturas, declaraciones de la renta y acreditación de su esposo, que durante esos ocho años facturó 40.000 euros a este ayuntamiento sevillano. Manuel Caramé, arquitecto titulado, ejerce como asesor de urbanismo tanto en Andalucía como en otras comunidades. La diputada Ana Corredera le recordó el caso de Rafael Velasco, ex vicesecretario general del PSOE andaluz, que dimitió después de que se conociese que la Consejería de Empleo había subvencionado unos cursos a la academia propiedad de su esposa. Aguayo, que fue cargada de papeles a la intervención, acusó al PP de prácticas seudomafiosas y subrayó que el informe del interventor fue encargado hace dos semanas sobre unos trabajos realizados hace cinco años. "Ustedes contribuyen a la estrategia de la difamación, muestran un comportamiento medieval e inquisitorial y usan prácticas seudomafiosas", aseguró desde el estrado Martínez Aguayo, a quien Ana Corredera le había solicitado su dimisión por el caso de los ERE.

Durante la sesión, apenas hubo algo más que la ausencia de rectificación, matización o cambio de opinión de la consejera de Hacienda sobre la responsabilidad política de sus anteriores compañeros, aunque Ana Corredera señaló un asunto en el que sí creen muchos, tanto en el PSOE como en el PP, y es que Martínez Aguayo verbalizó en la televisión pública andaluza una opinión que comparte con el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Él, sin embargo, lo niega.