Aguayo enfatiza que hay 16 autos de los jueces que aprueban las agencias

  • Las organizaciones recurrentes han logrado ocho fallos a su favor · Un juzgado cambia el sentido de su dictamen en sólo cinco días

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Así va el partido: 16 a ocho. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, hizo ayer balance del caos judicial en torno a la puesta en funcionamiento de las nuevas agencias públicas dependientes de la Junta, resultantes de la fusión o absorción de otras empresas públicas o fundaciones. Aguayo enfatizó que, hasta el momento, en esta contradictoria maraña judicial, la Junta cuenta a su favor con 16 autos a su favor, mientras que los sindicatos y organizaciones recurrentes tienen ocho, seis autos y dos sentencias. Fuentes de la Administración andaluza no quisieron detallar los juzgados de procedencia o las agencias afectadas de los autos que permiten la continuidad de estas agencias.

Como informó esta redacción la semana pasada, hay sentencias contradictorias en torno a si estas agencias que se estrenaron en junio pueden continuar o no con su actividad. De hecho, una sala del TSJA, la de Sevilla, se acoge a las sentencias de 2 de noviembre, (Agencia de Instituciones Culturales), y de 15 de noviembre (SAE y Faffe) y resuelve por "lógica" a favor de la paralización de estas agencias.

Mientras, otra sala del TSJA, en Málaga, señala que la suspensión de la actividad de estos entes "provocaría graves consecuencias para los beneficiarios" y permite su funcionamiento. El embrollo es aún mayor: según ha podido conocer esta redacción, un mismo juzgado ha fallado en sentido inverso al que lo había hecho cinco días antes.

Ante esta situación, Aguayo aseguró que se está cumpliendo con las resoluciones de los juzgados y anunció que "se han dictado cinco resoluciones por la Secretaría General de Administración Pública y siete por los órganos competentes para su ejecución".

La consejera apuntó que, tanto las sentencias como los autos que adoptan medidas cautelares de suspensión, mantienen la plena vigencia del procedimiento de sucesión de empresa, previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, utilizado para la integración del personal perteneciente a las extintas empresas públicas.

Aguayo afeó la crítica del PP "cuando utilizan la misma fórmula en municipios que gobieran, como Mairena del Aljarafe", por lo que solicitó "responsabilidad".

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