El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso ERE, ha dado diez días de plazo al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, para que "designen bienes sobre los que trabar embargo" por las cantidades de 490.324.096,82 euros, 173.941.928,06 euros y 7.282.653,31 euros, respectivamente. Se trata de la fianza de responsabilidad civil que la juez Alaya les impuso en un auto el pasado 31 de julio.

En la diligencia, fechada el pasado 26 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se apremia a José Luis Llorente Herrero, intruso de la empresa Aglomerados Morell S. A., a que asegure en el mismo tiempo los 50.900,68 euros que en su caso estimaba el auto de Alaya.

Concluye la diligencia que "si nada se manifestara en dicho plazo, se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar el embargo". Contra esta resolución, los imputados pueden interponer recurso de reposición. En total, la juez que investiga los ERE fraudulentos exige a estos tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo 671,5 millones de euros en fianzas, que no tienen por objeto eludir la prisión sino hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias en un futuro. En el auto, la magistrada explica que esas fianzas buscan restituir el dinero "indiciariamente" salido del erario público.