La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, reprochó en la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán conocía los informes de la Intervención general que alertaban de las irregularidades y también el déficit de 93 millones que se había generado en el IFA por el pago de las ayudas.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que este jueves ha declarado durante cuatro horas en el Tribunal Supremo, ha negado que recibiera esos informes y ha explicado que era “lógico” que no le llegaran porque para ello esos informes tenían que haber realizado alguna propuesta de actuación referida a su Consejería.

En un interrogatorio que ha resultado muy “técnico” y en el que Griñán ha dado prolijas explicaciones, el senador ha puesto de manifiesto que la Intervención nunca realizó ningún informe de actuación en relación con los pagos de las ayudas de los ERE.

Según fuentes del caso, Griñán ha reconocido que dimitió a raíz del escándalo de los ERE, una decisión que tomó porque no quería que este caso “dañara a la Junta y a su partido”, han añadido las fuentes. Griñán ha respondido a las preguntas del instructor Alberto Jorge Barreiro y de los fiscales del Supremo, pero se ha negado a responder a las planteadas por la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias.

La declaración de Griñán –y el próximo martes la de Manuel Chaves- cobra especial importancia en un momento en el que se está constituyendo el nuevo Parlamento andaluz y en el que las dos fuerzas emergentes que tienen la llave de la investidura de Susana Díaz –Podemos y Ciudadanos- han anunciado que no apoyarán al PSOE si los ex presidentes no abandonan sus actas de senador y diputado, respectivamente.

La citación de Griñán fue acordada en febrero pasado por el instructor del Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, quien en una providencia precisó que Griñán tendría que declarar “en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones de consejero de Economía y Hacienda y presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas”.

El proceso contra los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los otros tres aforados cuya investigación asumió el Supremo –los ex consejeros José Antonio Viera, que declaró el pasado martes, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno-, arrancó en noviembre pasado con la apertura de una causa especial para investigar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con el escándalo de los ERE fraudulentos.

En un auto, el Supremo destacó que, de acuerdo con la exposición razonada que remitió en agosto del pasado año la juez Mercedes Alaya, se desprende que desde la Consejería de Empleo de la Junta se organizó un sistema, implantado en el año 2000 y que se prolongaría durante doce años, que permitía disponer de importantes cantidades de dinero, en ese periodo ascendió a 855 millones de euros, para hacer efectivos esos pagos “sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones, a pesar de que ésa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas”.

El Supremo añadía que la Consejería de Empleo, sin ajustarse a ningún procedimiento, sin incoar expediente y “sin más soporte que su propia decisión”, acordó la concesión de las ayudas y realizó traspasos de dinero –mediante las transferencias de financiación- al IFA/Idea para que estos organismos hicieran efectivo el pago de la mismas a los beneficiarios, y todo ello a pesar de que las transferencias de financiación legalmente no podían emplearse con esa finalidad.

En la exposición razonada, Alaya afirmó que el sistema de concesión de las ayudas permitió que gran parte de las mismas terminaran en “manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE Andaluz, tejiéndose además un selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias, o mediadores de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios económicos por su gestión”.

Alaya aseguraba asimismo que numerosos cargos públicos de las Consejerías de Empleo y Hacienda, así como la Intervención y el presidente de la Junta conocían el uso inadecuado de las transferencias de financiación a través de las distintas modificaciones presupuestarias. Por la tramitación de las ayudas de esta forma y la disposición “ilícita” de fondos públicos, Alaya preimputó a Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta hasta abril de 2009 y a José Antonio Griñán, que había sido consejero de Hacienda y presidente desde la salida de Chaves, entre otros aforados.

La juez entendía que resulta “imposible” que al IFA/Idea se le causara tan importante déficit y que el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, y el presidente Manuel Chaves “no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención”.

Alaya recordaba que el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez –también imputado en la causa que se sigue en el juzgado de Sevilla- declaró que era “impensable” que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones provocado por el director general de Trabajo Javier Guerrero, por lo que la instructora concluía que “con toda lógica” el consejero de Hacienda conoció los informes de Cumplimiento de los años 2003, 2004 y 2005, en los que se alertaba de la utilización de las transferencias en lugar del procedimiento de las subvenciones excepcionales.

Alaya insistía en que fueron muchos los informes emitidos y pensar que el consejero no los conoció porque la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo “no le dio el traslado oportuno es presuponer en la misma un ánimo de ocultación deliberado sin sentido alguno”.

Aguayo, que este miércoles declaró como imputada ante el TSJA, llegó a decir que no se leyó esos informes porque recibía un centenar y además ninguno de ellos era un “informe de actuación”, por lo que nunca entendieron que debían haber adoptado ninguna medida al respecto.