La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la fianza civil de 1,7 millones impuesta al ex gerente de la empresa Surcolor porque hizo los despidos "con clara infracción de la legislación laboral" y obtuvo la ayuda "arbitraria" por mediación del "conseguidor" Juan Lanzas. La juez de instrucción 6 desestima el recurso de Manuel Castilla Bustamante, quien alegó que se siente víctima de "un engaño orquestado incluso por la autoridad laboral" de la Junta, que le indicó que no había problema por la inclusión de dos "intrusos" entre sus beneficiarios.

Según Alaya, el empresario no hizo ninguna solicitud oficial de subvención pues "de manera arbitraria pretendía atender las obligaciones propias de la empresa, el despido y prejubilación de sus trabajadores". "Pese a conocer, como cualquier empresario, que tenía que hacer un ERE para el despido colectivo dado el número de contratos que pretendía extinguir", Castilla los llevó a cabo "con clara infracción de la legislación laboral" y ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

La subvención obtenida "superaba en un millón de euros la indemnización que tenía que pagar la empresa" y se llevó a cabo mediante una "operación ausente del menor procedimiento que generó un importante menoscabo de fondos públicos, cuya devolución se pretende", según el auto.

El abogado de Castilla alegó que su cliente, pese a ser sobrino del dueño de la empresa, era un simple empleado que cobraba un salario fijo mensual y que "fue de la mano de las autoridades laborales y sindicales para solicitar las ayudas recibidas". Entre los 26 prejubilados de Surcolor se introdujeron dos "intrusos" que nunca habían trabajado en ese laboratorio fotográfico: Manuel López Espadas y José Antonio Márquez, ambos militantes del PSOE de Camas.