A una semana vista de las elecciones europeas, la juez Alaya iniciará esta mañana una ronda de declaraciones tras la imputación de 16 miembros de los consejos rectores de la agencia IDEA imputados en el fraude los ERE y entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico a nivel andaluz. Antes del inicio de las declaraciones, que han sido fijadas de lunes a viernes y a razón de cinco comparecencias al día, la juez deberá pronunciarse sobre la petición de suspensión de las mismas que planteó la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes y en la que el fiscal lanzó un tercer aviso a la instructora pidiéndole que envíe "a la mayor brevedad" la causa al Tribunal Supremo.

Los fiscales consideran que la instrucción está ya "agotada" por parte de la magistrada ante la aparición en la misma de personas que gozan de la condición de aforadas y, por tanto, creen que estas declaraciones lejos de adelantar el procedimiento causarán un "efecto dilatorio" por cuanto al final podrían tener que volver a declarar en el supuesto de que sea revocada la decisión de Alaya de no suspender las declaraciones.

Lo más probable es que la juez comunique esta misma mañana, antes del inicio de la primera declaración, que rechaza esta suspensión, al igual que hizo hace varias semanas cuando la magistrada se negó a anular la declaración de tres empresarios imputados por las ayudas que recibieron para empresas de la Sierra Norte de Sevilla. En esa ocasión, la instructora reiteró que la investigación judicial acabaría "en breve plazo", un anuncio que ya había sido efectuado unos meses atrás.

Los dos primeros imputados que deben comparecer esta mañana ante la juez son los ex directores generales del IFA/IDEA Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar, cuyas declaraciones ante la Guardia Civil llevaron a la magistrada a imputar a los vocales del consejo rector que intervenía en el pago de las subvenciones bajo sospecha, mediante la firma de convenios de colaboración con la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo.

Francisco Mencía, que ocupó el cargo entre enero de 2003 y mayo de 2004, aseguró en su declaración que "siempre tuvo la sensación" de que existía en la Consejería de Empleo un "interés especial para favorecer" a la Sierra Norte de Sevilla. Incluso afirmó que está "totalmente seguro" de que tanto el entonces consejero de Empleo y presidente del IFA José Antonio Viera, como su sustituto Antonio Fernández y el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "tenían relación con los empresarios beneficiarios de las ayudas", hasta el punto que llegó a afirmar que el conocimiento que tenían de los convenios y ayudas "era total, mucho más que el conocimiento que él pudo llegar a tener".

Francisco Mencía también dijo en un consejo rector del 30 de enero de 2004 y presidido por Viera se le habilitó para suscribir 15 convenios, cada uno por importe de 1,2 millones de euros, una cuantía que considera fue estipulada expresamente para que no tuvieran que ser "ratificadas por el Consejo de Gobierno" de la Junta, ya que si superaban ese importe debían pasar este trámite.

Por su parte, Miguel Ángel Serrano, que fue director de IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008, bajo las órdenes del presidente de la agencia y consejero de Innovación, Francisco Vallejo, declaró que en "reiteradas ocasiones" le expuso al consejero no sólo la "nula aportación" del convenio marco de 17 julio de 2001 por el que se pagaban las ayudas, sino las "importantes cifras de déficit presupuestario generadas" por dicho convenio. De hecho explicó que en 2007 se llevó al consejo rector de Idea un informe de auditoría de Pricewaterhouse del ejercicio 2006 en el que se exponían las "altas cifras" de déficit, pero el presidente de IDEA, Francisco Vallejo, decidió continuar con el convenio marco y "no cambiar el criterio acerca de no someter a aprobación del consejo rector las ayudas sociolaborales".

De las declaraciones de ambos ex directores del IFA, Alaya concluyó que la agencia y su consejo rector tenían conocimiento de la "inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización" y participarían de esa inobservancia al "aprobar el pago de unas subvenciones presuntamente ilegales". La juez concluye igualmente que existía un "apoyo claro" de la Consejería de Innovación -de la que dependía IDEA desde mayo de 2004- a la Consejería de Empleo, al suscribir todos los convenios por "expresa indicación" del consejero o viceconsejero de Innovación.

Alaya ha citado hoy también a declarar al ex presidente del IFA y ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al ex director general de Trabajo Javier Guerrero y al ex viceconsejero Agustín Barberá.