Nuevo auto-bomba de la juez Mercedes Alaya en medio de un proceso electoral. La juez que investiga el escándalo de los ERE ha dictado una nueva resolución en la que imputa en la causa a 16 personas que formaron parte entre los años 2001 y 2008 de los distintos Consejos Rectores del IFA/IDEA, que actuaba como agencia pagadora de las ayudas bajo sospecha. Entre los nuevos imputados -que eleva a 187 el número de implicados en la causa- se encuentran destacadas personalidades del mundo económico, como el presidente de Unicaja, Braulio Medel, el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, al secretario general técnico de Abengoa José Domínguez Abascal, o Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, entre otros.

Los nuevos imputados, a los que Alaya atribuye delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales y falsedad han sido citados a declararar a lo largo de la próxima semana, entre el 19 y el 23 de mayo. La lista de imputados se completa con Juan Carlos Soriano, que fue viceconsejero de Relaciones Institucionales; Manuel López Casero, director general de desarrollo tecnológico; Jesús Nieto González, director de Industria de la Consejería de Empleo; Juan Paniagua Díaz, viceconsejero de Agricultura y Pesca; Francisco García Martínez, secretario general de Empleo; Rafael Herrera Gil, secretaria general de Empleo; Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta (2001-2008); Ana María Peña Solís, secretaria de Telecomunicaciones; Ángel Garijo Galve, secretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria de desarrollo industrial; y Pilar Rodríguez López, secretaria general de Telecomunicaciones.

La juez ha acordado también citar para ampliar la imputación de los hechos a otras cuatro personas que ya estaban en la causa: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador. De la misma forma, Alaya amplía la imputación a los directores de finanzas de IDEA Pablo Millán y Juan Vela Quiroga.

En el nuevo auto -que tiene una extensión de 95 folios- se acuerda esta batería de nuevas declaraciones y en el mismo Alaya explica que todas estas comparecencias deben practicarse con la finalidad de "conocer el funcionamiento de la agencia, la estrecha cooperación prestada por la misma y por la Consejería de Innovación a la Consejería de Empleo antes y después de mayo de 2004". La magistrada subraya que el objetivo también es "concretar la participación de determinados aforados pertenecientes al consejo rector". Alaya añade que la práctica de esas diligencias "indispensables para profundizar en la investigación sobre el funcionamiento del consejo rector" estarían asimismo "encaminadas a determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados en el auto del 18 de diciembre de 2003, que integraron el consejo rector, en su condición de presidente o vocales".

En ese auto de diciembre pasado, la magistrada preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros siete ex consejeros, entre ellos el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, que presidió la agencia Idea entre 2004 y 2009.

Las nuevas imputaciones se derivan de un exhaustivo estudio de las actas del Consejo Rector del IFA/Idea, que la instructora ha analizado tras recibirel atestado de la Guardia Civil relativo a las ayudas concedidas a los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo Sayago y José María Sayago, que lograron 34 millones en subvenciones de la Junta.

El nuevo giro del caso se produce a partir de las declaraciones policiales de los ex directores generales del IFA/IDEA Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar, en lo que se refiere al papel desempeñado por IDEA no sólo en el proceso de materialización y ejecución de las ayudas, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L de la Consejería de Empleo, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Dice Alaya que a nivel presupuestario, el IFA/IDEA fue el "compañero perfecto" de la Consejería de Empleo porque, si bien el pago de subvenciones no le suponía gasto alguno -se trataba de pagos por cuenta de la Consejería-, para que pudiera incluir como crédito las transferencias de financiación en su presupuesto de gastos -algo que ocurrió hasta el presupuesto de 2009-, IDEA "falsearía su presupuesto de explotación, y presupuestaría cada año el gasto equivalente a las citadas transferencias en la partida Otros gastos de Explotación". Aunque, aclara el auto, al no existir tales gastos" la partida "escasamente se ejecutaba".

Para Alaya, el "falseamiento" del presupuesto del IFA/IDEA es "tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31L de la dirección general de Trabajo". La juez prosigue diciendo que si en la propuesta de anteproyecto de presupuesto -que sería elaborado materialmente por el director general de Finanzas, bajo las directrices del presidente y vicepresidente de IFA/IDEA y aprobado por el consejo rector- no se hubieran contemplado unos "gastos inexistentes", correspondientes al importe de las transferencias presupuestadas en la Consejería de Empleo, aunque ésta última las hubiera remitido a IDEA, la mismas se hubieran tenido que "devolver, pues sólo tenían por objeto cubrir pérdidas". Esas pérdidas, asevera la juez, "durante casi una década se inventaron por la Agencia, en total y absoluta connivencia con Empleo".

En el relato de hechos que según la instructora justifican las nuevas imputaciones, se destaca además que de acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública andaluza, la propuesta de anteproyecto de presupuesto del IFA/IDEA sería remitida por la Consejería de Empleo y, a partir de 2004, por Innovación para ser "analizada y autorizada año tras año" por la Consejería de Hacienda, a través de la dirección general de Presupuestos. En este organismo, "se tendría también ocasión de evaluar el grado de ejecución de dicha partida en los ejercicios anteriores y observar los bajos indicios de ejecución de la misma", todo ello en el marco del proceso de elaboración del anteproyecto de ley de Presupuestos.

Concluye la juez que el "reducido grado de ejecución" de esa partida presupuestaria -denominada "otros gastos de explotación" y que era la mayor de la agencia- figuraría cada año "tanto en las propuestas de anteproyecto de presupuesto elaboradas por la Agencia y más concretamente" por los directores de Finanzas Pablo Millán Márquez, Juan Vela Quiroga y Antonio Diz-Lois Ruiz, como en los anteproyectos aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda.