La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía dio orden de bloquear un total de 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora Uniter e imputado en esta causa, José González Mata, o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L.

En un auto dictado el 2 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda bloquear, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, 10 cuentas bancarias cuyo titular es el propio imputado, así como otras 74 cuentas en las que aparecen como titulares Cureña S.L., Uniter o Ingotor Seguros S.L. La instructora adopta dicha medida cautelar "en virtud de las evidencias" aportadas por la UCO en las respectivas diligencias de informe presentadas sobre la actividad de las mediadoras Vitalia y Uniter y del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís.

Asimismo, tiene en cuenta las "evidencias" derivadas de las diligencias de informe patrimonial del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; de los ex directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; del propio González Mata, y del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, "amén de una serie de personas física y jurídicas cuya participación en los hechos investigados ha resultado determinante".

Alaya precisa que las medidas cautelares consistirán "inicialmente" en el bloqueo de todos los productos bancarios y financieros, "con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales o activos financieros que dé o pueda dar lugar a un cambio de volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o destino".

Tres acusados que declararon ayer en el juicio del caso Saqueo II, Francisco Alarcón y los ex ediles Juan Antonio Yagüe y Dolores Zurdo, insistieron en la versión dada por otros ex concejales encausados de que el fallecido ex alcalde Jesús Gil tomaba "todas las decisiones" en el ayuntamiento de Marbella. En la quinta jornada del juicio por este caso de presunta corrupción en el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) declararon tres ex ediles y Alarcón, que presidió una de las empresas municipales que supuestamente sirvieron para desviar parte de los 70 millones de euros sustraídos del consistorio entre 1994 y 2001.

Yagüe -hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe-, que se enfrenta a 7 años de cárcel, ostentó varios cargos de concejal entre 1991 y 1999, con responsabilidad la mayor parte del tiempo en jardines, y atribuyó a Jesús Gil las decisiones importantes, ya que él "no tenía ningún tipo de opinión en compras". La ex concejala de Hacienda Dolores Zurdo afirmó que "Jesús lo controlaba todo". "Lo decidía todo, absolutamente todo", insistió la ex edil. También dijo que en ocasiones le pasaban a la firma documentos "a toro pasado", que respondían a actuaciones realizadas meses antes, ante lo que se negaba a firmar y daba la orden de que lo hiciera "otro".

Durante su interrogatorio, el fiscal anticorrupción le preguntó por una serie de facturas con su firma, pero la encausada negó su autoría y en otras ocasiones alegó que estaba de vacaciones en esas fechas. "No es el trazo mío" o "un documento así nunca lo firmaría con el visado porque es lo suficientemente importante, no lo hubiera firmado nunca así", son algunos de los argumentos que ha dado la exedil para desmentir su rúbrica en los documentos.

Hoy está previsto que se interrogue al principal acusado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión.