Alaya reitera que pronto finalizará la instrucción de los ERE y que no es posible dividir la causa en piezas separadas como plantea la Fiscalía Anticorrupción. La juez que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos dictó ayer un nuevo auto en el que rechaza la petición del Ministerio Público de suspender las 25 declaraciones de imputados fijadas para esta semana y en el que asegura que la investigación está en su "recta final", aunque matiza que aún quedan actuaciones a desarrollar sobre el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

En el nuevo auto, Alaya da por reproducidos todos los razonamientos que empleó el pasado 29 de abril para rechazar la suspensión de las declaraciones de tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que recibieron un importante número de ayudas de la Junta, en un auto que se encuentra recurrido por la Fiscalía ante la Audiencia de Sevilla.

La juez vuelve a insistir en la "importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa", por lo que reitera que el sumario no puede dividirse en piezas separadas para remitir la parte que afecta a los aforados al Tribunal Supremo, como le exige la Fiscalía desde abril pasado.

Dice Alaya que esa importancia se deduce del "intenso estudio" que la magistrada ha realizado de las 32 actas del consejo rector del IFA/IDEA y que ha derivado en la imputación de los vocales del consejo rector que asistieron a las sesiones de este organo de decisión entre los años 2001 y 2008.

La magistrada añade que, en contra de lo que considera el Ministerio Público, no estaría concluida la parte que afecta al denominado "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas, "pues precisamente dentro de este procedimiento estaría incardinada la actuación de los imputados referidos como integrantes del consejo rector y quienes como tales, actuarían como una pieza más del engranaje con el fin de dar apariencia de legalidad al pago de subvenciones al margen del procedimiento establecido y con las consecuencias tantas veces repetidas en resoluciones anteriores".

En la nueva resolución , la magistrada ha acordado asimismo atender la petición del presidente de Unicaja, Braulio Medel, que alegó que "por motivos personales" no podía asistir a la declaración prevista para este miércoles y, en su lugar, la juez lo ha citado de nuevo para el próximo 5 de junio, señala el auto.

De la misma forma, la instructora ha decidido aplazar la declaración del ex director general del IFA Francisco Mencía Morales, prevista para ayer pero que no pudo asistir por motivos de salud. Esta declaración ha sido fijada para el próximo jueves.

La juez Alaya ha iniciado esta semana una ronda de declaraciones tras la imputación de 16 miembros de los consejos rectores de la agencia IDEA implicados en el fraude los ERE y entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico a nivel andaluz. Los cuatro imputados que habían sido citados a declarar ayer se acogieron finalmente a su derecho constitucional a no declarar.

Antes del inicio de las declaraciones, que han sido fijadas hasta el próximo viernes y a razón de cinco comparecencias al día, la juez notificó a la Fiscalía el auto en el que rechaza la petición de suspensión de las declaraciones que planteó Anticorrupción el pasado viernes y en la que el fiscal lanzó un tercer aviso a la instructora pidiéndole que envíe "a la mayor brevedad" la causa al Tribunal Supremo.

Los fiscales consideran que la instrucción está ya "agotada" por parte de la magistrada ante la aparición en la misma de personas que gozan de la condición de aforadas y, por tanto, creen que estas declaraciones lejos de adelantar el procedimiento causarán un "efecto dilatorio" por cuanto al final podrían tener que volver a declarar en el supuesto de que sea revocada la decisión de Alaya de no suspender las declaraciones.