La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a la Junta que informe sobre las transferencias del llamado fondo de reptiles a partir de 2005, cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía, tal como había pedido la acusación particular del PP. En un auto, la juez de instrucción 6 de Sevilla concede a la Junta diez días para que informe sobre los expedientes tramitados desde 2005 por la consejería de Economía "relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno a fin de dotar de tesorería necesaria a la agencia IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación", especialmente para el programa 31L.

El PP había pedido que se requiriesen esos datos del periodo 2001-2010 y su secretario general andaluz, Antonio Sanz, había considerado que tales documentos demostrarían "la implicación de Griñán en este caso" porque cuando autorizó esas modificaciones presupuestarias, en 2008, ya existía un informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que advertía a la Consejería de Empleo de que el procedimiento administrativo utilizado no era adecuado.

Ahora, la juez Mercedes Alaya dice que pese al informe de la Intervención General de 25 de julio 2005, "se siguió utilizando por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros la figura de la transferencia de financiación", que "específicamente estaba destinada a financiar gastos corrientes de las empresas públicas" pero se convirtió en "verdaderas subvenciones excepcionales sin la intensidad de control previo al gasto y pago propio de la subvención", todo ello "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento establecido", según los informes de la Intervención General.

En otro auto, la juez acuerda abrir expediente sancionador a José María Calero, abogado del futbolista Pizo Gómez, que declaró como imputado la semana pasada, por el incidente que protagonizó con la magistrada al hacer gestos a su cliente para que guardase silencio ante una pregunta. Dado que el futbolista se acogió a su derecho a no declarar, la juez acuerda pedir una serie de datos sobre la empresa para la que trabajaba, los cursos de formación que generaron la deuda de la Junta con ella y otros datos como el estado de las diligencias abiertas contra el deportista por un delito contra la Hacienda Pública.

La juez Alaya impone fianzas por importe de 4,7 millones a 16 imputados

Además, en otro auto la juez ha impuesto fianzas que totalizan 4.715.655 euros a los primeros 16 imputados, con el fin de que devuelvan las "ingentes cantidades de dinero público" obtenido de manera ilícita. En ese auto la juez de instrucción 6 afirma que la percepción de esas ayudas ilícitas se hizo "con autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía" y para "favorecer a amigos, familiares y en definitiva a círculos próximos al PSOE".

Los perceptores de las ayudas lo hicieron "con pleno conocimiento de su ilicitud", dice la juez, por lo que acuerda imponerles el pago, en el plazo de diez días, de las cantidades que recibieron, con independencia de que también lo harán en el futuro "actores con posiciones más relevantes", cuya identidad no adelanta. "A medida que la instrucción avance y pueda recibirse declaración a actores de posiciones más relevantes en esta completa trama, y con una capacidad de influencia y de decisión mayor, las medidas cautelares se adaptarán a su grado de participación" y se extenderán "no solo a la devolución de las cantidades por ellos percibidas, sino a las que por su actuación hayan percibido ilegítimamente otros".

Con ello, el objetivo es que "al final se consiga -o se intente al menos- el reingreso de la mayor parte de las enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control alguno por la Administración Autonómica", dice la juez Mercedes Alaya.

La juez impone finanzas al primer grupo del centenar de intrusos detectados en los ERE y ayudas sociolaborales de la Junta, pertenecientes a las localidades sevillanas de Camas, El Pedroso y a los perceptores de diversas empresas. Además, sitúa la fianza en 1.990.689 euros para la dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen García Sánchez, a la que hace responsable del total de la prima abonada por la Junta para el ERE de su empresa, en la que además se incluyeron a dos mujeres que no tenían derecho a prestación. Explica el auto que "por su condición de empresaria" tenía un mayor grado de responsabilidad "por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no solo para lucrarse a si misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de actores de la trama".

Señala que "es ilícito, por más que estuviera generalizada esta práctica, que la Junta asumiera el pago de esa ayuda socio-laboral cuando no se daban los presupuestos formales y materiales para ello, y por supuesto ilícito también que el empresario, a sabiendas de que ni lo ha pedido ni le corresponde, con evidente ánimo de lucro, se enriquezca con fondos públicos para una obligación personal a la que podía hacer frente él mismo".

Respecto a Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), la juez le impone una fianza de 146.770 euros por las prestaciones recibidas indebidamente, si bien precisa que en el futuro podría decidir nuevas medidas cautelares por "su presunta implicación en el favorecimiento del grupo empresarial de su hijo" mientras era alcalde. Afirma el auto que Rosendo reconoció que le tramitó su prestación Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta ya imputado, al que conocía por su militancia en el PSOE, y añade que es "extraño para un político experto" que creyera estar percibiendo un fondo de pensiones con cargo a la Junta.