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Alerta en las empresas dependientes de la Junta

  • Las incógnitas sobre los despidos en el sector público andaluz comienzan a desvelarse hoy con la presentación del Presupuesto.

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La Junta de Andalucía cuenta con unos 23.000 trabajadores en sus empresas públicas, según sus propias estimaciones. Desde hace meses la situación laboral de este personal es confusa: escuchan de sus administradores, los responsables políticos, tantas dosis de defensa como de indiferencia. Lo cierto es que la raya roja impenetrable que era el mantenimiento del empleo público para el PSOE, y en igual medida para IU, se ha difuminado. Ahora la consigna que pronuncian los socios de gobierno es que se "intentará mantener el máximo empleo público posible".

La guillotina pende: la propia consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no descartó hace unas semanas que hubiese despidos en las empresas públicas y, de una manera un tanto sorprendente, trasladó la decisión a los directores de cada ente. Estas empresas públicas tienen personalidad jurídica propia, pero la financiación depende en muchas de ellas exclusivamente de los fondos que les llegan de la Junta.

La fórmula por la que se decidirán los ajustes parece clara: habrá recortes en las transferencias y serán los directores y gerentes de cada empresa pública quienes decidan si se recorta en personal. En los dos últimos años ha habido despidos en todas las empresas, también en las agencias fusionadas. Gota a gota, sin hacer ruido.

Ahora la incógnita será la dimensión del ajuste y si se escuchará el golpe. Se intentará que se resuelva en cada casa para reducir al máximo el coste político de una reducción de empleo público que se presenta como la única vía que le queda a la Administración autonómica para cumplir el objetivo de déficit en 2013. Si no sube los impuestos, la inversión en obra pública está ya casi a cero, y hay que seguir recortando para cuadrar las cuentas, sólo queda el gasto en el personal externo, cuyo volumen se discute si está dimensionado.

Pero Hacienda no se ha desentendido en este proceso. En las últimas semanas ha estado en contacto con algunos directores de estas sociedades, aunque sin un rumbo concreto, sondeando posibilidades. El mensaje que se ha transmitido es que hay que eliminar duplicidades, pero se desconoce cómo se traducirá la consigna en el ámbito de personal (despidos, ERE, ¿oposiciones?...).

Algunos de los gerentes subrayan que el equipo que dirige Aguayo está "perdido". Sí hay que reconocer el esfuerzo de Aguayo por poner al día los conocimientos sobre este entramado del empresas públicas, que creció a su antojo durante lustros. El esfuerzo ha sido más intenso con la presión que llega del Ministerio. Hoy mismo se cumplen los tres meses que la Junta dio para conocer "los puestos de trabajo, tipos de contratación, estructura retributiva y medidas de ajuste en personal" en este sector.

Otros consejeros, cada uno con sus empresas públicas, han estado atisbando posibilidades. Es el caso de Canal Sur, en el que el director general del ente, Pablo Carrasco, se opone a tomar más decisiones que el cierre de la programación en el segundo canal. Carrasco también tiene comprometida su continuidad: a partir del 1 de enero su sueldo se reducirá a la mitad (de 125.000 a 59.000) y él siempre ha defendido su retribución en función del mercado.

El control de los sueldos de los directivos ha sido la avanzadilla en esta reordenación del sector público. Desde hace dos años se les han recortado las transferencias a las empresas públicas para que los directivos se bajaran los sueldos y aplicaran a sus empleados la igualación salarial con los de la Administración. Este gesto se ha repetido en las últimas semanas y puede llevar incluido un guiño a los sindicatos. Si se da ejemplo con los cargos políticos, se puede allanar el camino para negociar las reducciones de personal.

UGT y CCOO reclaman a la Junta una reunión para conocer qué va a pasar. Algo se podrá conocer hoy en la presentación de los Presupuestos para 2013, que dará pistas si se confirma otra reducción de las transferencias a las empresas públicas. Este año se consignaron para las 28 sociedades principales unos 2.800 millones, 500 menos que en 2011. Todos los años la ejecución final aumentaba casi en un 50%. Pero esa bonanza se ha esfumado y de aquí a fin de año se resolverá la incógnita del empleo público. La alerta ya está activada.

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