Anticorrupción pide 4 millones de fianza civil a dos ex directivos de Barbadillo por los ERE

  • La juez Alaya les imputa tres delitos por las ayudas a la empresa Matadero de la Sierra Morena

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La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para los ex directivos de Antonio Barbadillo S.A. Pascual Caputto y Manuel Valdecantos. Los dos están imputados en el caso de los ERE irregulares por las ayudas recibidas por la empresa Matadero de la Sierra Morena, en la Sierra Norte de Sevilla, de la que ambos fueron consejeros solidarios. Caputto y Valdecantos se acogieron a su derecho a no declarar. La juez Mercedes Alaya les imputa tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El fiscal pidió que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta. Alaya también ha imputado en la causa a Manuel Robles Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo. La juez considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena -Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente- después de que Antonio Barbadillo se hiciera en noviembre de 2005 con más del 70% de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".

Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros", añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior".

"A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Alaya, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".

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