La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla contra el auto del pasado 29 de abril en el que la juez Alaya rechazó abrir una pieza separada para investigar las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago y elevarla también al Tribunal Supremo. Se trata del segundo recurso de apelación que el Ministerio Público presenta pidiendo a la instructora que remita de inmediato las actuaciones al Alto Tribunal.

En el recurso, la Fiscalía vuelve a insistir en que ya está "agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra algunas de las personas que gozan de fuero" y recuerda en este sentido el "extenso y detallado contenido del atestado" de la Sierra Norte sobre las ayudas al entramado societario compuesto por los empresarios mencionados, a los que la Guardia Civil y la propia instructora se refieren como el "tándem" de la Sierra Norte.

El pasado 29 de abril, la juez Mercedes Alaya reiteró que la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos finalizará "en breve plazo", un anuncio que la instructora ya ha realizado en varias ocasiones en los últimos meses. En ese auto, la magistrada rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de suspender las declaraciones previstas de tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla y se opuso nuevamente a separar la causa en piezas separadas y enviar el caso al Tribunal Supremo.

Alaya destacó entonces la "importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo", asevera la magistrada en la resolución.

Por todo ello, la juez rechazó la suspensión de las declaraciones de los empresarios de la Sierra Norte. Este auto se conoció durante un receso precisamente de la comparecencia de los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar.