Apaño 110

  • La medida estrella de Griñán para abrir al ciudadano la política es nimia. Próxima parada, la Ley de Participación. La democracia directa admite fórmulas no siempre fiables.

En una de las primeras escenas de Django Desencadenado, dos tipos se dirigen directamente a la taberna de un pueblucho cualquiera del Oeste americano del siglo XIX. Al entrar, el tabernero, ocupado en ordenar el stock, les da la espalda pero formula una suave negativa. Aún está cerrado, caballeros. Al girarse, su rostro se crispa. Junto al muy procesable doctor King Schultz, blanco y alemán, destaca la recia figura del negro liberto Django, un maldito intruso. Ése es exactamente el sentimiento que en las viejas mentes políticas producen dos palabras cada día más presentes en la España de la eterna pájara: democracia directa. Django.

Consciente de la brecha creciente entre representantes y representados, José Antonio Griñán, presidente de la Junta, aprovechó el último Debate del estado de la Comunidad, celebrado en junio de 2011, para lanzar una idea presuntamente rompedora. El escaño 110 [ver información adicional] permitiría al ciudadano expresarse en la casa del poder legislativo. Pero era una bala de fogueo. Una voz no vale sin un voto. Y un voto civil tampoco es que pese demasiado frente a 109 votos gremiales.

Daniel Ordás, político hispanosuizo y autor de un celebrado ensayo sobre la democracia directa, cambia escaño por engaño: "El problema básico es que el órgano que decide al final es el Parlamento, así que sólo prosperará lo que al Parlamento le guste". Ordás explica el esquema de Suiza. "Allí se distingue entre el derecho de petición, la iniciativa popular, el referéndum y la votación popular". Derecho de petición: cualquier ciudadano puede hacer una propuesta. No se requieren firmas. El Parlamento sólo está obligado a contestar. ILP: un número concreto de ciudadanos propone una ley o una reforma constitucional. El Parlamento hace una contrapropuesta si lo estima conveniente. Decide la gente en votación popular. Referéndum: el Parlamento elabora una ley y, tras su publicación en el boletín oficial, se habilita un plazo de recogida de firmas en contra. Deciden nuevamente los ciudadanos. Votación popular: los referéndums y las iniciativas se votan cuatro domingos al año. Cada cuatro años se eligen asimismo los gobiernos municipales, cantonales y estatales mediante listas abiertas. "Creo que los instrumentos meramente consultivos y de propuesta sólo sirven para relajar la conciencia de los gobernantes", concluye.

Transplantar el modelo helvético es una apuesta ambiciosa, pero el ordenamiento jurídico permite soluciones más sencillas a corto plazo. "El sistema político español necesita renovarse en profundidad. Se ha superado el nivel de lo soportable en cuanto a irresponsabilidad. La negligencia ha sido absoluta al fomentar y permitir al poder financiero crear burbujas que han destruido la economía del país. La democracia directa o participativa puede ser una respuesta. Aunque no olvidemos que es factible adoptar todavía algunas medidas que beneficien la democracia representativa. Por ejemplo, la desaparición de las listas cerradas y bloqueadas y, sobre todo, la limitación de mandatos parlamentarios y gubernamentales", sostiene Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén.

"La Constitución de 1978 no fue muy generosa a la hora de reconocer los mecanismos para que los ciudadanos participen directamente en los asuntos públicos que les incumben. Apenas un referéndum con valor consultivo y una iniciativa legislativa popular que puede quedar bloqueada a las puertas de las Cortes, o alterada -como está ocurriendo con la presentada hace poco sobre los procedimientos de desahucios- por la mayoría que sostiene al Gobierno. Ni siquiera la reforma constitucional en asuntos tan transcendentales como la sagrada estabilidad presupuestaria ha merecido una consulta ciudadana. Lamentable el grado de desconfianza de la clase política hacia los ciudadanos que les dan sustento electoral", argumenta Ruiz Rico.

Andalucía cuenta, en cualquier caso, con un mandato de democratización 2.0 autoimpuesto por la casta en la reforma del Estatuto (2007). "La participación de los andaluces en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas del Gobierno regional no ha recibido respuesta alguna, ni se la espera por ahora", critica el catedrático.

La presión de IU, hoy socia del PSOE, ha permitido avanzar por otro canal. La directora general de Participación Ciudadana, Manuela Fernández, coordina la ley del mismo nombre con varias metas: incidir en los Presupuestos de la Junta, en la legislación y en el diseño y evaluación de las políticas públicas. El mandato perdido al que alude Ruiz Rico. Las herramientas necesarias para materializarlo son infinitas. Aunque actualmente se debaten en talleres y asambleas, ante asociaciones, expertos, voluntarios, académicos y vecinos de a pie, Fernández avanza algunas: las consultas populares, "vinculantes o no, ahí está el problema"; y la democracia digital, "que va mucho más allá de votar por internet" aunque también plantee la duda de cuántos acceden a las nuevas tecnologías del total de la población.

A finales de mayo o principios de junio, Diego Valderas presentará el anteproyecto de ley, pero el camino es aún largo y las incógnitas numerosas. Las listas abiertas no serán incluidas. Tampoco un giro radical a la suiza. "Esta norma choca con intereses económicos y de poder. No va a solucionar la falta de control del ciudadano a las entidades financieras ni los graves problemas que se acentúan con la crisis", admite la directora general.

Parte del debate se fundamenta en el mito. Ningún modelo es perfecto. Suiza votó y aprobó un polémico endurecimiento de sus políticas sobre inmigración en 2010. California vive en la bancarrota desde que sus electores optaron por la fórmula impuestos bajos-prestaciones sociales generosas. Las campañas mediáticas, orquestadas por potentes lobbies, condicionan a muchos. "Es preferible una solución híbrida", arranca Patricia García Leyva, doctora en Psicología, profesora de la Universidad de Málaga y experta en procesos participativos. Ahí va su trío de ases. Democracia digital: "Rio Grande do Sul (Brasil) es el mejor espejo. La gente condiciona el tema sobre el que ha de debatir el Gobierno decidiéndolo desde internet. Luego el Gobierno debe trasladar su corolario". Jurados populares: "eliges gente al azar por sectores y ese microsector resultante discute sobre cómo trabajar un determinado asunto (así se diseñó parcialmente la Ley de Aguas de Andalucía)". Presupuestos participativos: "la ciudadanía puede decidir dos cosas: cómo se ejecuta un porcentaje del presupuesto y/o cómo se recauda. El ejemplo es Porto Alegre".

El invento tiene otra pega. Las iniciativas de este tipo tienden a arrastrar a personas identificadas con el perfil ideológico del convocante. García Leyva matiza. "En Portugal se elaboró un estudio que demuestra que, poco a poco, las asambleas y los debates ganan en popularidad. A los cinco años el espectro político se amplía. La clave es convocar sin siglas, porque esto no nace necesariamente del centroziquierda: ahí están los movimientos vecinales, de raíz conservadora, igual que las cofradías, ambos actores muy activos".

Independientemente del formato elegido, del grado de apertura de la política y de los resultados cosechados, el contacto entre distintos, apunta García Leyva, es terapéutico porque "cara a cara las cosas salen mejor". "También ahí se viven estancamientos en el diálogo por los extremos, pero la situación al final la canalizan y reconducen los moderados".

¿Y qué opina el estamento afectado? Los tres partidos presentes en la Cámara andaluza respaldaron el escaño 110, una simple golosina. Los planteamientos de fondo, sin embargo, difieren. IU no pestañea: su apuesta es inequívoca. Manda su espíritu asambleario. Enrique Benítez, diputado socialista, se inclina por la aristotélica virtud del término medio. "En Suiza la participación media es del 13% y el voto femenino se aprobó en 1973. Los partidos tradicionales debemos garantizar que la sociedad no va a empeorar vía populismo". Para justificar esa líneas roja, lanza dos hipótesis. "Una. El Algarrobico. ¿Qué defenderían en Carboneras si se les diese la oportunidad de un referéndum? Dos. La pena de muerte. En determinados momentos de su historia reciente, España habría votado a favor". ¿Listas abiertas? "La gente no tiene información suficiente, y además no se garantiza un número mínimo de mujeres". ¿Limitación de mandatos? "Por supuesto. Ocho años". ¿Disciplina de voto? "No. A veces no".

Rafael Salas, escaño adscrito al PP, es el siguiente grado en la escala. "El pueblo ya decide cada cuatro años cuando deposita la papeleta en las urnas", afirma. "Lo que la gente quiere es transparencia y rapidez. La Administración no debe ser una pesadilla", continúa. "La democracia directa es muy compleja. Yo creo en el entramado institucional que establece la Constitución. Lo demás son experimentos", remata. Por si acaso, tres motivos para descargar al PP de sospechas. A. "Fuimos los primeros en indicar la necesidad de reformar la ley sobre iniciativas legislativas populares". B. "Queremos modificar el derecho de petición en el Parlamento". C. "Parece un invento de la izquierda, pero Valencia aprobó en 2008 la mejor ley de participación del país".

Como ningún vivo se ha atrevido con el extremo opuesto al planteamiento inicial, resucitamos a Churchill para la causa: "El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio". Por la directa ni le preguntamos.

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