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Andalucía

Aparecen en la basura documentos de los juzgados de San Fernando

  • La Junta abre una investigación para averiguar cómo fueron desechados los folios sin destruir

Una gran cantidad de documentación procedente de los juzgados de San Fernando con datos personales perfectamente legibles fue arrojada el miércoles a los contenedores de basura cercanos a la sede judicial, quedando desperdigados por el suelo. Los documentos habían sido desechados ante la inminente mudanza de los juzgados de esta localidad. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación al respecto.

El coordinador provincial de los secretarios judiciales, Pedro Campoy, afirmó que ninguno de los tres letrados que trabajan en San Fernando había emitido la orden a otros funcionarios de eliminar archivos. "Ninguno ha dado la instrucción de destruir documentos y menos de tirarlos a la basura", aseguró Campoy, que duda que alguno de los trabajadores haya procedido de este modo porque el protocolo para este tipo de actuación es claro.

Según la nota remitida por la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, la eliminación de expedientes judiciales antiguos se produce por decisión de la Junta de Expurgo, un organismo creado por el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Primero, este órgano analiza los archivos para saber qué puede eliminarse y qué conservarse, para incluso en este último caso transferirlos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico. De lo contrario, es una empresa especializada la que se encarga de eliminarlos.

Concretamente, el papel debe quedar reducido a trozos de 3 por 4 milímetros. Evidentemente, la documentación que se agolpaba a los pies del contenedor de papel soterrado que hay junto a la sede judicial no había recibido este tratamiento.

Durante la noche la Policía Local procedió a retirar todo el material, entre los que había también libros de temática judicial. En los papeles, desperdigados fuera de las grandes bolsas de basura, algunos rotos por la mitad y otros completos, se podían leer perfectamente nombres y apellidos, números de documentos de identidad, teléfonos, direcciones, infracciones y delitos.

La juez decana de San Fernando solicitó más tarde que fueran llevados a las instalaciones judiciales para conocer qué expedientes eran y de qué juzgados provenían. "No tenemos información de qué tipo de documentos se trata", reconocía el coordinador de los secretarios judiciales en la provincia. Campoy aguarda el resultado de la investigación que los Juzgados han abierto, y que la Junta de Andalucía ha solicitado "ante estos hechos graves en los que se han vulnerado los derechos de las personas". "Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente", advertía.

En su comunicado, la Junta dejó claro ayer que "no tiene entre sus responsabilidades la guardia y custodia o el movimiento de los expendientes o documentación en el proceso de traslado", específicamente en el caso de San Fernando. La Administración afirmó que tampoco se ha encargado de eliminar documentos porque no se ha producido ninguna petición oficial.

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