La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha archivado investigación abierta por la denuncia de 18 asesores de Empleo del programa Memta, por la que llegaron a declarar como investigados el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca Blanes, y su antecesor en el cargo, el actual director general de Idea, Antonio González Marín.

La juez considera que los hechos investigados no son constitutivos de prevaricación y recuerda que la discrepancia contra las resoluciones de la Administración se resuelven en la vía Contencioso-administrativa, no en la penal. De ahí que se niegue a practicar nuevas diligencias para no dilatar el procedimiento y el "efecto mediático" sobre los altos cargos investigados.

Fuentes de la Consejería de Empleo mostraron su satisfacción por la decisión judicial de archivar la investigación, que es coherente con lo que habían mantenido desde el principio cuando se presentó la denuncia, y han pedido al gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que muestre la "misma celeridad" a la hora de difundir el sobreseimiento como cuando informó sobre la citación a declarar como investigados de los altos cargos.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) confió ayer en que el PP que pida disculpas a los secretarios generales de empleo después de que el juzgado haya archivado el caso.

En el auto de archivo, la juez Reyes Flores señala que la "revisión jurisdiccional de actuaciones administrativas para determinar si se ajustan o no a Derecho corresponde de manera prioritaria a la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la especializada en el conocimiento de la aplicación de las normas administrativas".

La magistrada añade que la intervención de la jurisdicción penal en el análisis de los asuntos administrativos debe ser "subsidiaria, limitada a aquellos casos en los que se aprecia una infracción palmaria".