caso de los ere

El Tribunal admite la petición de Griñán de reclamar los expedientes de reintegro de los ERE

  • Considera justificado el auxilio judicial para recabar una información que la defensa considera "muy importante para acotar la cuantía del supuesto fraude"

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados por el fraude de los ERE. Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados por el fraude de los ERE.

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados por el fraude de los ERE. / antonio pizarro

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La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que a partir del próximo 13 de diciembre celebrará el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE,ha admitido todas las pruebas solicitadas por la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, y en concreto que se requiera a la Junta de Andalucía los "expedientes de reintegro" de las ayudas, al considerar la defensa que se trata de una prueba "muy importante para acotar la cuantía del supuesto fraude".

En un auto, los magistrados han accedido a las peticiones del abogado José María Mohedano, al estimar que está “justificada la necesidad” de obtener estas pruebas mediante el auxilio judicial. Así, la Sección Primera ha accedido a solicitar a la Consejería de Empleo que aporte los "expedientes de reintegro a beneficiarios de pólizas, pólizas novadas y pólizas pendientes de novación", dado que según argumentaba la defensa al tratarse de una "documentación pura y dura de carácter interno que al afectar a terceros no puede ser entregada a un particular". 

La defensa solicitó un detalle de los expedientes de reintegro a beneficiarios de pólizas de renta "financiadas total o parcialmente por la Junta de Andalucía" desde 2010, con indicación de la empresa, fecha de incorporación a la póliza, cantidad reclamada, y "tipo de irregularidad por la que se le reclaman las cantidades percibidas". También solicitó y así lo ha aprobado el tribunal que se reclame la información de las pólizas novadas en cumplimento de lo dispuesto en el Decreto ley 4/2012 -de regularización de las ayudas-, con indicación de la cantidad que se había abonado con anterioridad, importe de los gastos abonados en concepto de gastos de adquisición e intermediación y el importe descontado del precio de la novación por exceso de estos gastos por encima del 2,6 %. El tribunal ha acordado de la misma forma reclamar información sobre las pólizas pendientes de novación en cumplimento de lo dispuesto en el mencionado decreto.

La Sala accede igualmente a que se dirija un oficio a la Consejería de Hacienda y de Administración Pública de la Junta para que remita a la Sala "copia de los oficios de remisión al titular de la Consejería de Hacienda de los informes de Actuación elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) sobre entes públicos, así como copia de dichos informes, desde el años 2000 hasta el 2013, con especial mención al informe de actuaciones sobre el Hospital de Poniente de El Ejido".

Mohedano insistió en que esta documentación está formada por "documentos internos de trámite que fueron pedidos verbalmente en 2016 sin obtener ninguna constatación porque se dudaba incluso de su existencia" e insistió en que es "muy relevante" para la defensa, especialmente en el supuesto de que "no existieran los oficios de remisión al titular de la Consejería de Hacienda". El letrado pidió el auxilio del tribunal porque, apunta, se trata de documentos internos "de imposible acceso para mi representado, que ya no mantiene con la Junta de Andalucía ningún cargo ni posición funcionarial".

La Audiencia también ha accedido a que se dirija oficio al Tribunal de Cuentas para que remita a la Sala Informe de fiscalización de la aplicación de los fondos públicos destinados por el Imserso a la financiación de los programas de accesibilidad durante el período 2001-2003. El letrado subrayaba que la relevancia de esta prueba consiste en que la metodología de la aplicación de los fondos públicos del Imserso a la financiación de los programas de la ONCE "siguen la misma metodología de la aplicación de los fondos públicos de la Consejería de Empleo al IFA".

La Audiencia también ha accedido a la petición de pruebas realizadas por la defensa de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, que había solicitado entre otras cuestiones que se reclamara a la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo un informe sobre el estado de los trabajos realizados en el “plan de acción de medidas correctoras y de recuperación de pagos indebidos” iniciado el 17 de noviembre de 2010 y en el que se incluyan, por ejemplo, “el número total de irregulares e intrusos detectados en los expedientes de ayudas sociolaborales” y el importe total al que ascienden dichas ayudas otorgadas a irregulares e intrusos, así como el importe total reintegrado con ocasión de los procedimientos de revisión de oficio iniciados.

En cuanto a las pruebas solicitadas por el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, la Audiencia ha admitido que se recabe del juzgado de Instrucción número 6 un testimonio del informe de la dirección general de Seguros del Ministerio de Hacienda en relación con las sobrecomisiones pagadas en las ayuda sociolaborales.

La Audiencia ha admitido igualmente que se requiera al Parlamento de Andalucía para que remita una copia de la documentación enviada por el Ministerio de Empleo sobre las ayudas a la Faja Pirítica onubense en respuesta a la petición realizada en la comisión de investigación de las ayudas sociolaborales concedidas con cargo a la partida 31L, conocida popularmente como el “fondo de reptiles”.

No ha accedido el tribunal, en cambio, a la petición de esta misma defensa, que también la ejerce el abogado José María Mohedano, para que se recabe de la Consejería de Hacienda el expediente de modificación de crédito y transferencia de créditos por importe de cinco millones que afecta a la Consejería de Agricultura, con el que se pretendía justificar las capacidades de fiscalización de las intervenciones delegadas, por cuanto la Sala destaca que “ninguno de los interventores delegados está causado en esta causa penal” y además la Consejería de Agricultura tampoco está “involucrada en los hechos aquí enjuiciados”. En este sentido, también se ha rechazado solicitar a la Consejería de Medio Ambiente “el informe de fiscalización de disconformidad con observaciones a la propuesta de orden de la Consejería de Agricultura por la que se encomienda a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera la ejecución” de unos trabajos de emergencia por las inundaciones acaecidas en 2012 en las provincias de Almería y Málaga.

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