El único que queda ya en prisión por el escándalo de los ERE es el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero. La Audiencia Provincial de Sevilla dictó ayer un auto por el que dejó en libertad y sin fianza a su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, quien estaba en prisión desde el pasado mes de marzo por haber recibido supuestamente de manera irregular 1,3 millones en ayudas a sus empresas fantasma. Con su decisión, la Audiencia viene a corregir a la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, ya que la principal razón que esgrime es que la permanencia de Trujillo en la cárcel constituye un "cierto agravio comparativo" con otros implicados en el caso que también recibieron ayudas sociolaborales con cargo al fondo de reptiles -partida presupuestaria 31L-, algunas incluso superiores, y sin embargo, están en la calle.

Para la Audiencia, mantenerlo encarcelado vulneraría el principio de igualdad que exige la doctrina del Tribunal Constitucional, que marca que ante "iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas". Por tanto, concluye que de continuar en prisión preventiva se vulneraría "el canon de proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad y subsidiariedad".

Otro elemento que también tiene muy en cuenta la Audiencia es la elevada cuantía de la fianza exigida por la juez Alaya: 75.000 euros. Según recoge el dictamen, Trujillo "carece de patrimonio y se encuentra imposibilitado" para afrontar ese pago -esta garantía fue en un principio de 150.000 euros, pero la propia juez admitió meses después rebajarla al 50%-, y se une que tampoco hay información suficiente sobre su patrimonio, al no haberse localizado bienes inmuebles u otros susceptibles de embargo, por lo que concluye que la cantidad es "razonablemente inasequible" para el imputado. Una tesis que, sin embargo,  no es compartida por la Fiscalía anticorrupción, que mantiene que éste sí puede tener bienes.

Lo que sí reconoce la Audiencia a la juez Mercedes Alaya es que, aunque Trujillo quede en libertad, los presupuestos que justificaron su prisión provisional, es decir, los 22 delitos que se le imputan, "subsisten" y no han quedado "desvirtuados" por nuevas diligencias instructorias.

Su puesta en libertad, dado su carácter de provisionalidad, y a la espera de la celebración de juicio, requerirá de medidas complementarias. Así, Trujillo tendrá que fijar un domicilio que no podrá cambiar sin autorización judicial, tendrá que comparecer cada lunes y miércoles en el juzgado de su localidad, y se le retirará su documento nacional de identidad y su pasaporte para evitar el riesgo de fuga.

El ex chófer, que ganó protagonismo en el caso después de declarar ante la juez instructora que parte de ese dinero que recibía en ayudas para sus empresas inexistentes se lo gastaba en juergas y consumo de cocaína con quien entonces era su jefe -un promedio de 25.000 euros al mes-, dejó de estar entre rejas unas horas después de dictarse el auto. A las 18:05 abandonaba la cárcel de Morón de la Frontera, donde ha estado interno por siete meses. La misma que compartió con el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el único alto cargo de la Junta que ingresó en prisión y que logró abandonar el pasado mes de agosto previo pago de una fianza de 450.000 euros.