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Caso Invercaria

La Audiencia pregunta al juez si debe expulsar a Idea de la causa de Operador Aéreo al no acusar

  • El tribunal suspende el señalamiento del juicio hasta que se resuelvan los recursos pendientes contra el procesamiento de los cinco acusados, entre ellos el ex consejero de Cultura José María Martín Delgado

El ex consejero de Cultura, José María Martín Delgado, a la izquierda

El ex consejero de Cultura, José María Martín Delgado, a la izquierda

La Audiencia de Sevilla ha pedido al juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que se pronuncie sobre la “expulsión o no” de la acusación particular que ejerce la agencia Idea en la causa por las ayudas concedidas por Invercaria a la empresa Operador Aéreo Andalus (OAA) una vez que esta parte no ha presentado escrito de acusación, por lo que podría “haber perdido fundamento su personación como tal”.

En una providencia, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla señala que una vez el juzgado que instruyó la causa se pronuncie sobre esta cuestión, se remitirá la causa de nuevo a dicha sección, todo ello con la finalidad de “preservar la doble instancia sobre este pronunciamiento”.

El tribunal recuerda que la acusación particular de IDEA en su escrito de conclusiones provisionales considera que los hechos a enjuiciar “no tienen encaje en tipo penal alguno”, sin formular acusación, por lo que plantea al instructor que se pronuncie sobre la expulsión o no de la causa.

En cualquier caso, la Audiencia pone de manifiesto que como quiera que aún quedan por resolver por parte de la Sección Tercera de cinco recursos de apelación presentados por los procesados, entre ellos uno del ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, por el momento “procede suspender el señalamiento de la celebración del juicio oral hasta que se reciba de la Sección Tercera la resolución de los recursos de apelación”.

En abril pasado, el juez de Instrucción número 16 decidió abrir juicio oral contra el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado y contra otros cuatro procesados por las ayudas concedidas por Invercaria al Operador Aéreo Andalus (OAA), y les impuso a los cinco investigado una fianza de 1.368.954,98 euros.

En el auto, el juez advertía a los cinco investigados de que en el caso de no prestar la fianza impuesta, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada", y designaba a la Audiencia de Sevilla para el enjuiciamiento de esta nueva pieza separada del caso Invercaria.

La apertura de juicio oral contra estos cinco acusados se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de conclusiones provisionales, en relación con el supuesto perjuicio de 1,8 millones causado a Invercaria por las ayudas al Operador Aéreo Andalus.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de dos años y medio de cárcel para el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, que fue presidente del consejo de administración de esta sociedad; y también ha reclamado una pena de seis años de cárcel para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para la que fuera miembro del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, mientras que reclama penas de dos años y medio de prisión para los accionistas del Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros.

El juez instructor dictó el auto de procesamiento –recurrido por los cinco acusados- por esta pieza de Invercaria, en el que atribuye a los encausados delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Operador Aéreo Andalus se constituyó en marzo de 2007 y el 3 de noviembre de 2008 Invercaria pasó a formar parte del accionariado, con una inversión de 40.000 euros y el 4,60%, y al mismo tiempo formalizó un préstamo por valor de 410.000 euros. Ambas operaciones, según el juez, fueron directamente asumidas por el presidente consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo. Ese mismo día, 3 de noviembre de 2008, fue contratado Fernando Guerrero Ros como director general de OAA, con un sueldo anual de 125.000 euros más incentivos, y coincidente con esta operación Caja Granada acudió a una ampliación de capital, aportando 120.000 euros y asumiendo un 13,79% de la sociedad.

"La mencionada operación se realizó sobre un plan de negocios que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle, ya que no permite anticipar las necesidades materiales, financieras y de recursos humanos que permitieran el arranque del proyecto y la viabilidad del mismo a medio y largo plazo. Tampoco incluía un plan de contingencias ni medidas correctoras", lo que supuso un "incremento del riesgo financiero y la ruptura de la actividad", sostiene el instructor.

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