La juez María Núñez Bolaños ha dictado un auto en el que levanta la imputación realizada al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías en relación con la apertura de la pieza separada de los ERE en la que se investigan los 66 millones de euros pagados en sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones de los trabajadores.

En un escueto auto de un folio al que ha tenido acceso este periódico y que tiene fecha de hoy mismo, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rectifica el auto del pasado miércoles para "dejar sin efecto la vinculación con la presente causa" del investigado Gaspar Zarrías, cuya imputación reconoce que se produjo por "un error".

En el nuevo auto, Bolaños recuerda que el artículo 214.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, después de proclamar el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite "sin embargo, en el apartado 3, rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo".

Bolados dice que en el presente caso "el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación" y dejar sin efecto la vinculación de Zarrías con la pieza de las sobrecomisiones.

En el auto ahora rectificado, la juez María Núñez Bolaños impulsó la investigación de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas vinculadas a los ERE, con la apertura de una nueva pieza en la que figuran 15 imputados, entre ellos -una vez retirado de la lista Zarrías- el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas. Entre los 15 imputados se incluyen además varios testaferros de Lanzas y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas.

La titular del juzgado acordó la apertura de unas nuevas diligencias previas (las 1421/16) en una providencia y un auto en la que decidió formar la pieza separada denominada "sobrecomisiones", una decisión que se produce tan sólo unos días después de que la Audiencia de Sevilla haya avalado la división de la macrocausa que diseñó esta magistrada en tres grandes bloques: procedimiento específico, sobrecomisiones y un tercer bloque con más de 200 piezas, unas por cada empresa que recibieron ayudas bajo sospecha.

En el auto, Bolaños considera que los hechos que se investigan en esta nueva pieza pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y se refiere expresamente a "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto a pesar de ser todo ello presuntamente ilícito". 

La instructora prosigue diciendo que las sobrecomisiones derivarían del hecho "puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital –no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull) de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía, muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas, puesto que era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervinieron en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía".

La magistrada no cifra en el auto el posible importe pagado por la Administración autonómica por esos sobrecostes, si bien Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuantificó en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta. 

El informe destaca que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó incluso el 12%. De esos 66,1 millones, la mayor parte, 36.228.300,1 euros fueron percibidos por las entidades vinculadas a Vitalia, (Vitalia, Holding Europeo Tindex, Irson, Resturine, Morgan & Meyer, Rokiblau y Dreamhouses Invest). El grupo Uniter (Uniter e Ingotor) recibió 29.804.937,2 euros, mientras que otros mediadores que intervinieron menos fueron Atlantis y Expert Ejecutivos.