La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha tumbado la fianza de 1,9 millones que Mercedes Alaya impuso a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, por el ERE en el que apareció uno de los primeros intrusos de la macrcocausa, y ha decidido reducir la fianza a sólo 185.259,85 euros.

En un auto, Bolaños explica que para la reducción de la fianza ha tenido en cuenta el acta de liquidación provisional por responsabilidad contable en las actuaciones seguidas por el Tribunal de Cuentas en las que se ha fijado el "posible perjuicio causado a la Junta de Andalucía en 138.952,39 euros", cantidad a la que sumado el tercio legal correspondiente asciende a esos 185.259,85 euros a los que ha reducido la fianza.

La instructora recuerda además en el auto que, siguiendo el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, es "evidente que la cuantía de la fianza no puede superar la cifra de los 200.000 euros". En este sentido, el auto señala que "una cosa es que quepa adoptar de oficio medidas como la debatida y otra, como es el caso, que si las partes acusadoras (especialmente la perjudicada, que sería la Junta de Andalucía) fija la cuantía del posible perjuicio y de la fianza a prestar en su aseguramiento la señora juez de Instrucción fije otra superior".

Así, destaca que si el Ministerio Fiscal con la adhesión de la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias -que ejerce la acusación popular- pidió la prestación de una fianza de 140.000 euros, "a esa cantidad deberá contraerse la decisión judicial". "No debe ser superior a 200.000 euros pero debe, la fianza a exigir, adecuarse al real y concreto perjuicio valorado por la única perjudicada: la Junta de Andalucía", asevera la juez Bolaños.

La defensa de Río Grande había solicitado la reducción de la fianza por cuanto entendía que la cantidad supuestamente percibida en concepto de rentas mensuales hasta septiembre de 2009 por María del Carmen Fontela, una de las primeras intrusas detectadas en la causa, ascendía a 133.631,92 euros, derivada de las pólizas suscritas, por lo que concluía que la fianza debía reducirse a esa cantidad, más el tercio legal correspondiente.

La decisión adoptada ahora por la instructora se produce después de que en febrero de 2016, la propia María Núñez Bolaños descartara el archivo de la causa contra la dueña de Río Grande y decidiera mantener la fianza de 1.990.689 euros que Mercedes Alaya le había impuesto en relación con su imputación por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

La juez señaló entonces que los indicios y hechos en virtud de los cuales se acordó su imputación y la adopción de la fianza "no habían variado" y eran los mismos que cuando la Audiencia la confirmó, circunstancias que ahora sí entiende que han cambiado.