Bolaños reitera que no hay ninguna "red de clientelismo" en los cursos

  • La instructora de la macrocausa de la formación considera que no es significativo que en 18.000 subvenciones haya 38 beneficiarios que sean ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE

La instructora de las macrocausas, María Núñez Bolaños. La instructora de las macrocausas, María Núñez Bolaños.

La instructora de las macrocausas, María Núñez Bolaños. / antonio pizarro

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La juez María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades en los cursos de formación, ha reiterado que no existe ninguna "red de clientelismo político" ligada a la concesión de las ayudas públicas para la realización de actividades de formación. La instructora asevera en un auto que la "teoría sobre la trama política, concierto o asociación ilícita en la Administración pública autonómica de Andalucía, mantenida de forma acérrima por el PP-A" es una cuestión "instruida, resuelta y desechada" no sólo en la pieza política de los cursos de formación sino también en otras resoluciones judiciales dictadas por otros juzgados como en Jaén.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reforma presentado por el Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular, contra el archivo de cuatro ayudas de los cursos de formación al ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco y la decisión de enviar a los juzgados de Córdoba otras nueve ayudas para su investigación.

La instructora, que en octubre de 2016 archivó la denominada pieza política de la formación -en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-, insiste en que la teoría del concierto en el SAE para conceder estas ayudas "parece poco probable por no decir inverosímil: en todo caso, como señala el Ministerio Público en su informe, no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita".

Dice la juez que tampoco se ha constatado la existencia de una "red clientelar" y así explica que si entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas en el periodo investigado hay 39 que tienen alguna "vinculación con el partido socialista, no resulta significativo". La acusación popular había alegado que "con la disposición de los fondos para la formación de ocupados y desempleados, el Gobierno de la Junta de Andalucía, con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos del Gobierno andaluz o del PSOE, o a socios y familiares suyos, que recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros". De esa cantidad, proseguía el PP, 52,7 millones corresponden a las subvenciones recibidas por siete entidades ligadas al ex consejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, y los 48,3 millones restantes a otras 38 empresas o entidades "administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno de la Junta o a socios y familiares suyos".

La juez Bolaños argumenta al respecto que, atendiendo al número de beneficiarios entre los años 2009 y 2012, "no resulta significativo que el PP-A encuentre 38 empresas beneficiarias cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE, o familiares de estos o amigos de éste o del familiar". Ese examen, continúa la instructora, "adolece de los requisitos básicos" para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico, "carece del más mínimo rigor que se exigiría en una investigación al no realizarse una muestra de control para valorar cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el PP-A, o a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para formación".

Para la juez Núñez Bolaños, esa falta de acreditación, "más allá de la teoría o hipótesis policial, sostenida también por el PP-A, se constata en la resolución dictada por el juzgado de Instrucción número 4 de Jaén", que en junio de 2017, donde otro juez concluye igualmente que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, al no probarse lo contrario ni aún indiciariamente, ni que la propia administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos".

Toda esta argumentación lleva a la juez a rechazar la alegación de los populares en el recurso de Rafael Velasco respecto a que se trate de delitos conexos y a que proceda su acumulación en una sola causa, dado que Bolaños mantiene, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, que las otras nueve ayudas pueden ser investigadas en los juzgados de Córdoba, que recientemente han incoado diligencias previas para investigar estas subvenciones.

La juez insiste igualmente en que el hecho de que el beneficiario de una ayuda sea una persona vinculada a un partido concreto "no resulta indicio per se suficiente para continuar o abrir una causa penal", a lo que añade que "resulta acertado afirmar que no debe darse por concluida una investigación cuando penden diligencias de instrucción sobre la posible comisión de un ilícito penal, pero no cuando lo que se pretende es investigar simples irregularidades administrativas".

Por último, recuerda Bolaños que esta línea de investigación nació sobre la "teoría o hipótesis elaborada por la UCO en el atestado 42/15, considerando que dichas irregularidades administrativas, detectadas tanto en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones, eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la dirección general a todas las delegaciones provinciales, actuación que beneficiaría a determinadas empresas o entes y que daría lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público".

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