Bruselas abre expediente a España por la norma andaluza de superficies comerciales

  • La UE considera que la norma impone a las empresas un proceso de autorización "particularmente complejo y restrictivo" basado en "criterios no suficientemente previsibles y objetivos"

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La Comisión Europea anunció hoy la apertura de un procedimiento de infracción a España por las restricciones al establecimiento de superficies comerciales en Andalucía.

El Ejecutivo de la UE, que exige una respuesta de Madrid en el plazo de dos meses, recordó que la normativa andaluza se basa en la legislación española sobre comercio al por menor, objeto de otro proceso sancionador y por el que Bruselas ya ha llevado a España ante la Justicia europea.

En efecto, la Comisión decidió en abril pasado denunciar ante el Tribunal de la UE la normativa estatal -y la catalana- sobre grandes superficies, al considerar que imponen a las empresas un proceso de autorización "particularmente complejo y restrictivo" basado en "criterios no suficientemente previsibles y objetivos".

Respecto a la legislación andaluza, la Comisión critica la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica, antes de la municipal, para abrir un establecimiento de más de 1.000 metros cuadrados en algunos municipios.

Incide en que los criterios utilizados para la concesión de esas licencias "no parecen suficientemente previsibles ni objetivos", pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades y permiten incluso la participación indirecta de representantes de los intereses económicos ya presentes.

Además, la norma prevé un procedimiento "especialmente complejo y restrictivo", que exige toda una serie de documentos de planificación y aumenta las dificultades para el establecimiento de grandes superficies comerciales.

En segundo lugar, Andalucía ha introducido una licencia para determinados establecimientos de descuento y liquidación de restos de fábrica de más de 400 m2.

Por último, la normativa aplica un impuesto sobre la concesión de licencias que ha de pagarse con anterioridad a la presentación de la solicitud.

Si la respuesta española no satisface a la Comisión, ésta podría enviarle un "dictamen motivado", el segundo paso en los procedimientos de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.

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