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La CMT impone rígidas restricciones para poder ofrecer internet gratis

  • El órgano que regula las telecomunicaciones alerta a las administraciones sobre el riesgo de intervenir en el mercado

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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no es amiga de que las administraciones presten de forma gratuita el acceso a internet. Así lo ha manifestado en los numerosos recursos que ha ido emitiendo para responder a las peticiones de los ayuntamientos para instalar redes Wi-Fi. El órgano regulador de las telecomunicaciones en España ha echado atrás numerosos proyectos de este tipo ya que romperían el principio de libre competencia, pero sí consideró viable la propuesta de 111 municipios (14 andaluces) que ofrecen este servicio con restricciones. "La Administración local o autonómica puede actuar en aquellos supuestos en los que se detecten fallos en el mercado, así como cuando su actuación no tenga incidencia en él", estableció en uno de sus informes.

"Prestar servicio de internet gratuito no se puede considerar a priori anticompetitivo o contrario a la ley. Hay que estudiar caso por caso para conocer las circunstancias en las que proporciona el servicio, pero lo que no se puede hacer es darlo con cargo a los fondos públicos, porque se estaría incumpliendo la obligación de la separación de cuentas", aseguró ayer un portavoz de la CMT, organismo dependiente del Ministerio de Industria.

Desde la Consejería de Innovación, sin embargo, encuentran una diferencia fundamental entre la oferta desarrollada por los municipios y el proyecto presentado por Manuel Chaves: ofrecer acceso gratuito a la banda ancha de un máximo de un mega. Innovación dice que la Junta no será la operadora que prestará el servicio, no competiría en el mercado, sino que pagaría a empresas privadas, lo que supondrá entre 60 y 70 millones de euros anuales de inversión y que internet llegue al 78 por ciento de la población. Desde la Consejería mantienen que ya hay conversaciones con los distintos operadores para conseguir el objetivo. Este tipo de acuerdos, señaló un experto en derecho mercantil consultado por este periódico, más que legitimar la propuesta lo que garantiza es que ninguna compañía la cuestione ante la CMT. Ésta, en la mayoría de los casos, actúa a instancias de terceros y no de oficio.

El PSOE propone, por tanto, ofrecer una ayuda pública. Pero también sobre esto tiene sus matices la CMT, tal y como señaló en el documento La actividad de las Administraciones Públicas en el sector de las telecomunicaciones. "Si se trata de estimular la demanda, es posible la subvención de las actividades de los operadores, pero su gestión y otorgamiento deberán cumplir con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que permita concurrir a todas las empresas interesadas en igualdad de condiciones". Estas subvenciones exigen el fomento de la competencia, la neutralidad tecnológica, la promoción de inversiones eficientes en materia de infraestructuras y el fomento de la innovación.

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