El Pleno del Parlamento aprobó ayer una proposición no de Ley del PSOE-A, apoyada en su totalidad por Podemos, Ciudadanos e IU-CA y parcialmente por el PP-A, en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que cumpla con los acuerdos presupuestarios y competenciales que asumió en septiembre de 2017 con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Concretamente, la Cámara ha demanda a la Junta que reclame al Gobierno el cumplimiento exacto del compromiso económico acordado para la ejecución de las diferentes actuaciones del pacto, que habrá de tener siempre un carácter condicionado y garantizando la asignación financiera específica del conjunto de las administraciones públicas y que deberá ser necesariamente finalista, siempre con el objetivo de evaluar adecuadamente el impacto de la inversión en la lucha contra la violencia de género.

Se reclama además que el Ejecutivo nacional incorpore créditos suficientes que se destinen al cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, mediante transferencias para 2018 de 20 millones de euros para los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas. También se pide la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se establezca un orden del día específico al objeto de tratar la situación presupuestaria para el cumplimiento exacto de lo establecido en el Pacto Contra la Violencia de Género.

Otra demanda consiste en que el Gobierno modifique urgentemente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, a fin de que la administración local continúe llevando a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género y forme parte de catálogo de competencias propias de los municipios.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez manifestó que la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.