El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, recurrió a los servicios de UGT para que se encargara de los cursos de formación para el empleo que daba la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, entidad de la que fue presidente en su condición de alcalde de Motril. Esta subcontratación de cursos, con fondos procedentes de la Junta, se realizó a través del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación de UGT que opera en todo el país, y que es objeto de algunas de las investigaciones judiciales que analizan ahora la legalidad de estos cursos. En principio, los convenios que Rojas firmó con el IFES entre los años 2008 y 2011 no contienen ilegalidad, aunque algunos de ellos se realizaron sin procedimiento de publicidad, que es uno de los hechos criticados por el PP y apuntados por la Cámara de Cuentas en su informe de enero de 2014. Esta suerte de auditoría estudió los cursos de formación entre 2009 y 2010, y el 89% de ellos se contrataron sin concurrencia competitiva en el primer año.

Carlos Rojas fue una de las voces del PP que sostuvo que los fraudes en cursos de formación que investiga la Fiscalía y algunos juzgados andaluces son indicativos de una irregularidad masiva. La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, preguntó a Rojas en la pasada sesión de control por qué "unos [cursos] sí valen, y los de al lado, no". En esta sesión de control, que fue una de las más duras de los últimos años, Rojas mostró unos papeles que indicaba que el esposo de la presidenta había trabajado en IFES, que es la misma entidad de UGT que él contrató desde la macomunidad granadina.

Varios de estos convenios son contratos dados en régimen de no competencia. Así, en julio de 2011, un escrito de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical "invita [al IFES] a participar en el procedimiento negociado sin publicidad, considerando que esta empresa se halla capacitada" .

Por otra parte, el consejero de Educación, Luciano Alonso, reveló ayer en el Parlamento que 265 ayuntamientos del PP aún deben justificar un total de 275 millones de euros gastados en formación. De la investigación que realiza, sólo hay cuatro resoluciones firmes de reintegro por 1,05 millones; entre éstos, está el Ayuntamiento de Fuenteheridos, que es del PSOE.