Griñán obtuvo ayer las primeras respuestas a la petición de que la medida impulsada por la Junta se extienda a toda España. Tres autonomías, las tres de diferente color político, se pronunciaron en contra. La más dura fue Madrid, que, a través de su consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, llegó a afirmar que a su Gobierno no le gustaría que la Junta gastase parte del dinero que éste aporta por la solidaridad interterritorial a iniciativas "del estilo" del decreto, una medida "para la galería", "de difícil aplicación" y "muy discutible desde el punto de vista jurídico.

Ossorio recordó que, con el actual sistema de financiación, Madrid pierde 1.000 millones y aporta a la solidaridad interterritorial casi 3.000, de los que, afirmó, una parte va a Andalucía.

Además de Madrid, se pronunció el presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Carles Sala, quien afirmó tajante que no embargará a los bancos las viviendas que hayan sido desahuciadas. Así, calificó la iniciativa de "populista", porque crea esperanzas que "se pueden ver frustradas". Sala reconoce cierto "abuso de posición" de los bancos, pero no lo ve suficiente como para tomar medidas como la que ha adoptado la Junta.

Por último, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, perteneciente a un Gobierno del PSOE, afirmó que esta comunidad no contempla la puesta en marcha de un decreto similar. Asturias apuesta, según afirmó ayer Díaz en comparecencia pública, por un convenio con las entidades bancarias, para potenciar los sistemas de mediación, facilitar acuerdos y activar las viviendas que tengan desocupadas los bancos. Díaz justificó esta vía en que las situaciones de Andalucía y Asturias son "diferentes" y en que cada región es "libre" para elegir la herramienta que "sirva para llegar al mismo objetivo: facilitar un techo a las personas que no pueden permitírselo".