El juicio a Chaves y a Griñán se reanuda con las cuestiones previas

  • Las defensas de los 22 ex altos cargos procesados temen que la Fiscalía Anticorrupción intente introducir parte de las ayudas que se investigan en las otras 200 piezas que siguen abiertas

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados. Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados.

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados. / julio muñoz / EFE

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Después de las tres sesiones estériles, el juicio por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE entra en faena. Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla retomarán el próximo martes, a partir de las diez de la mañana, las sesiones del juicio con el trámite de las cuestiones previas, en el que las acusaciones y las defensas pueden plantear aquellos asuntos sobre los que entienden que debe pronunciarse el tribunal, algunas de las cuales podrían acarrear incluso la suspensión del juicio en el improbable caso de que prosperasen.

Los primeros en intervenir, una vez que se reanuden las sesiones, serán los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, quienes guardan una absoluta reserva sobre las cuestiones previas que podrían plantear al tribunal.

Las defensas tienen previsto plantear media docena de cuestiones previasEl informe pericial de la Intervención será objeto de duros ataques de las defensas

Una de las principales preocupaciones de los abogados defensores es que la Fiscalía Anticorrupción o las acusaciones populares -que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias- traten de introducir en este juicio parte de las ayudas que se investigan en otras piezas separadas de la macrocausa, ampliando el objeto del delito de malversación, después de que la Audiencia de Sevilla fijase el criterio de que los 22 ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio -en aplicación del principio legal non bis in ídem- al considerar que el procedimiento específico por el que van a ser enjuiciados ya engloba cualquier conducta que pudiera reprochárseles penalmente en el resto de las casi 200 piezas en investigación.

Las defensas consideran muy importante y están "preocupadas" por esa posible introducción de las ayudas investigadas en esas otras piezas en este juicio, algo que entienden supondría un "posible fraude de ley".

Tras el turno de las acusaciones, serán las defensas las que plantearán alrededor de media docena de cuestiones previas, en las que solicitarán "nulidades" de actuaciones y pruebas que se han recopilado durante los más de cinco años en los que se prolongó la instrucción de la también llamada "pieza política" de los ERE.

A priori, una de las cuestiones previas que más relevancia puede tener para el juicio, en caso de que fuese estimada, es la que expondrá el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

El letrado pedirá la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín -que fue quien dictó el auto de transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado-, al considerar que se ha vulnerado el "derecho al juez predeterminado por la ley" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La defensa entiende que el nombramiento realizado con los beneplácitos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la magistrada titular, María Núñez Bolaños.

Esta cuestión ya fue planteada por Mohedano ante la Audiencia de Sevilla en junio de 2016, al estimar que la comisión de servicio que se concedió al juez en julio de 2013 "no puede servir de cobertura" a la actuación de Álvaro Martín, puesto que dicho acuerdo establecía que el objeto de la comisión era que la titular del juzgado -entonces Mercedes Alaya- pudiera dedicarse a la instrucción de las macrocausas y no que éstas las tramitase el juez comisionado. La defensa también consideró insuficiente el plan de actuación por el que Bolaños y Álvaro Martín se repartieron posteriormente la instrucción de las distintas macrocausas.

En el caso de que esta cuestión previa fuese estimada, algo que debe decidir el tribunal y que por ahora parece poco probable, las consecuencias de la declaración de nulidad serían que el juicio se suspendería y el sumario sería devuelto al juzgado, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento anterior al que Álvaro Martín fue designado para instruir esta macrocausa.

Otra de las nulidades que podrían plantearse guarda relación con el delito de asociación ilícita que atribuye a todos los ex altos cargos la acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía. Sobre esta cuestión, las defensas de Griñán y Gaspar Zarrías ya solicitaron al juez Álvaro Martín en la fase de instrucción que acordara la "nulidad" del auto de apertura de juicio oral dictado el 3 de noviembre de 2016 en la pieza del procedimiento específico, al entender que la inclusión del delito de asociación ilícita suponía una "acusación sorpresiva" que les generaba una "manifiesta indefensión" y se veían de esta forma abocados a un juicio "bajo la imputación de pertenencia" a una asociación ilícita de la que nunca pudieron defenderse durante la fase de instrucción.

El juez Álvaro Martín emplazó a las defensas a que lo plantearan en las cuestiones previas del juicio, dado que contra el auto de apertura de juicio oral no cabía interponer ningún recurso.

Otra de las cuestiones previas que ya ha sido anunciada es la que presentará la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, que solicitará que todos los acusados presten declaración al final del juicio, una vez que declaren todos los testigos propuestos por las partes y también los peritos que han realizado distintos informes sobre las presuntas irregularidades.

Una vez que todas las partes hayan expuesto sus cuestiones previas, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, suspenderá las sesiones durante varias semanas, tiempo en el que los tres jueces que componen la Sala se retirarán a deliberar sobre las alegaciones de las acusaciones y de las defensas. La vista oral se reanudaría, previsiblemente, en la última semana de enero o la primera de febrero. Es en esas sesiones donde empezarán a oírse las primeras declaraciones, bien del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y principal imputado -el primero propuesto para declarar por la Fiscalía Anticorrupción- o de los 117 testigos y 12 peritos, en el supuesto de que prosperase la cuestión previa para alterar el orden de las declaraciones en la vista oral.

En esta primera vista oral de la macrocausa de los ERE, la Audiencia de Sevilla analizará el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que según la Fiscalía Anticorrupción acabaron generando un perjuicio a la Hacienda pública andaluza cuantificado por el fiscal en 741 millones de euros.

La base de la acusación es el informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó que los ex consejeros de Economía Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán -en su etapa previa a ser presidente- y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades" detectadas durante una década (2000-2009) en las ayudas públicas de la Junta de Andalucía.

Los peritos incluyen en su informe, que tiene una extensión de 8.245 folios y será objeto de un demoledor ataque de las defensas durante el juicio, desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para la concesión de dichas ayudas hasta la absoluta ausencia de un procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que habría impedido la fiscalización previa por parte del interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta.

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