Chaves cierra mandato con el 77% de su compromiso legislativo cumplido

  • El Gobierno andaluz tenía previsto hace cuatro años elevar al Parlamento hasta 63 proyectos de ley, de los que sólo 48 han visto ya la luz, a la espera del último debate sobre los Presupuestos de 2008

Las previsiones legislativas del Gobierno andaluz no se cumplieron del todo. Si hace cuatro años, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, anunciaba la pretensión de elevar al Parlamento hasta 63 nuevas leyes, a día de hoy, sólo 48 han visto la luz, a la espera de una más, los Presupuestos de 2008, cuyo debate la próxima semana dará por cerrada esta legislatura. Esta cifra deja en un 77 por ciento el grado de cumplimiento del compromiso legislativo, que podría haber subido algún entero de no ser porque dos proyectos, Grandes Poblaciones y Mediación Familiar, tendrán que esperar a después de marzo.

De entre las leyes anunciadas y que se quedaron en el tintero, están las de Aguas y Medio Rural, la creación de la Empresa Pública 112, la ley del Autónomo o del Respeto a la intimidad del paciente, amén de las actualizaciones de las normas ya existentes de Salud o Turismo. Sin embargo, la falta de éstas ha sido suplida, en parte, por otros títulos que no estaban programados inicialmente.

No obstante, el nuevo marco legal andaluz no se restringe a las normas que como proyectos de ley han emanado del Gobierno. Siete proposiciones de ley salieron adelante en la Cámara autonómica a instancias de los grupos parlamentarios, y no sólo del que sustenta al Ejecutivo -registró una proposición como único proponente-, sino también de IU y PA. Con esta puntualización, el cómputo final de textos legales sube a 55 normas -en la página web del Parlamento se elevan a 58, al incluirse en este capítulo tres resoluciones de la Presidencia-, suma que hace ganar hasta once puntos porcentuales en el recuento último (87 por ciento).

De la lectura de cifras, una de las conclusiones más llamativas es que la mayoría absoluta no ha significado una preponderancia socialista en la aprobación de los nuevos textos. De hecho, sólo cinco lograron su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tras lograr el voto en exclusiva del PSOE. Por tanto, el rodillo socialista no se ha aplicado, tan es así, que hasta el 29 por ciento de las leyes aprobadas -catorce normas- han obtenido el voto unánime, aunque todas versan sobre cuestiones difíciles de recabar una negativa, como la creación de la Agencia de Cooperación Internacional, la ley de Asociaciones Andaluzas o una concesión crediticia extraordinaria para el municipio de Marbella. Situación muy contraria a la vivida con normas de mayor peso como los presupuestos, RTVA, antibotellón o Farmacia.

Los andalucistas fueron los más permeables a las propuestas del PSOE. Y es que el PA fue el partido que más votos a favor les dio, hasta 29; fue el que menos se abstuvo -sólo en cuatro leyes- y se quedó a la mitad en noes, con 15 votaciones contrarias. La federación de izquierdas se despegó más de los socialistas, de manera que Izquierda Unida sólo respaldó 25 proyectos de ley, se quedó en la indefinición en una decena, y se negó a 13 normas.

Los populares, en su función de principal partido de la oposición, opuso su voto a 16 normas, lo dio a 24 y se abstuvo en ocho.

En el caso de las proposiciones de ley, el índice de rechazo y aceptación fue desigual, habiendo dos que recibieron una unánime luz verde -reforma del Reglamento del Parlamento y el Consejo Consultivo de Andalucía- y una en la que el PSOE sí tuvo que tirar de su condición de partido mayoritario por ser una de las más controvertidas de este periodo: las Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Del resto de votaciones, la más reseñable es el descuelgue del PA de la proposición de ley promovida por PSOE e IU para la reforma del Estatuto de Autonomía a la que, tras las reticencias iniciales, acabaron por sumarse los populares.

Por lo que respecta a la intensidad parlamentaria de los últimos meses, ésta es consecuencia directa del agolpamiento de proyectos y la necesidad de imprimir celeridad a la aprobación de normas para alcanzar un balance satisfactorio antes de que expire la legislatura. Así, en esta recta final se han tenido que abordar, y muchos por urgencia y lectura única, hasta 23 proyectos, entre los que se incluían algunos que quedaron pendientes de ejercicios anteriores (en 2006 y 2005 se aprobaron 11 leyes, y tres en 2004). El parón normativo tuvo su origen en el debate del Estatuto que absorbió buena parte del trabajo parlamentario, relegando otros asuntos a una resolución posterior.

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