Chaves reitera que "ni conoció ni pudo conocer" el fraude de los ERE

  • El ex presidente alega en su recurso que no recibió los informes de la Intervención en los que se alertaba de las irregularidades

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Manuel Chaves insiste en su inocencia y en que ignoraba el fraude de los ERE. El ex presidente de la Junta ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia de Sevilla contra el auto que le ha procesado por prevaricación administrativa junto al ex presidente José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos.

En el recurso presentado ayer por el abogado Pablo Jiménez de Parga, el ex presidente insiste en los argumentos que defendió en la causa especial que se siguió ante el Tribunal Supremo. Así, Chaves alega que "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de ayudas sociolaborales, puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general de la Junta tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación".

En su condición de presidente de la Junta, prosigue el recurso de Chaves, "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, pues no era evidentemente su labor como presidente de la comunidad autónoma".

El juez Álvaro Martín procesó a Manuel Chaves por haber "impulsado" el procedimiento de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, pero ese supuesto impulso "carece del más mínimo soporte probatorio", argumenta la defensa, que considera que los hechos que se atribuyen al ex presidente tienen una "absoluta irrelevancia penal".

El instructor basa la supuesta implicación de Chaves en el "plan" para conceder estas ayudas de forma ilegal en que aprobó como miembro del Consejo de Gobierno de la Junta 18 modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas y también los proyectos de presupuestos para la comunidad entre los años 2002 y 2009.

Chaves recurre al informe pericial presentado por el ex presidente Griñán -que fue realizó por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez- para sostener que todas esas modificaciones presupuestarias se aprobaron respetando "escrupulosamente todo el procedimiento establecido y contando con el preceptivo informe favorable de la Intervención".

El abogado Pablo Jiménez de Parga destaca que esas 18 modificaciones presupuestarias se incluyen entre las 1.271 que se aprobaron entre 2002 y 2009, lo que demuestra hasta qué punto se trataba de "un asunto de puro trámite para el Consejo de Gobierno".

Con respecto a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos, la defensa tilda de "dislate jurídico" que se pueda subsumir dicho acuerdo en el concepto de resolución dictada en un asunto administrativo, que se enmarcaría dentro del delito de prevaricación. Así, señala que el auto del juez Álvaro Martín "no contiene ni un solo razonamiento jurídico ni proporciona un solo dato que permita conocer en qué sustenta el magistrado la posible subsunción de los acuerdos de aprobación del proyecto ley de presupuestos en el concepto de resolución dictada en un asunto administrativo" porque, además, el Consejo de Gobierno "no entraba en detalles ni pormenores de las partidas, ni de los programas, que integran el presupuesto de la comunidad autónoma".

El recurso de apelación de Chaves reprocha igualmente al instructor que recurra a la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández para presuntamente acredita que el presidente conocía el sistema de las transferencias de financiación y del convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas, y recuerda que Fernández no ratificó en el Tribunal Supremo las declaraciones que realizó ante la juez Mercedes Alaya, sino que ofreció una contestación "radicalmente contraria a lo que sostiene el auto para intentar hallar un indicio incriminatorio" contra Chaves.

La defensa rechaza dolo, ni siquiera eventual, en la actuación de Chaves, y critica la "endeblez de datos indiciarios" en este sentido, y considera una "mera apreciación subjetiva del instructor, carente de cualquier apoyo fáctico" que Chaves pudiera conocer los intentos de reforma del sistema. La defensa pide a la Audiencia que estime el recurso y acuerde el archivo de la causa contra el ex presidente autonómico.

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