En los próximos meses, Andalucía volverá a contar con tantos trabajadores como en el año 2007, cuando comenzó la crisis. Mayo ha dejado casi tres millones de empleados en la Seguridad Social, y en 2018 la cifra de parados bajará de los 800.000. El PIB aún crecerá al 2,8% y sigue aumentando la recaudación por impuestos, aunque algunos tipos hayan bajado. El turismo, el sector noble desde los años setenta del siglo pasado (nunca se oxida), va a reventar las costuras de las estadísticas, hasta el punto de que algunos capitales tendrán que replantearse el encaje de cientos de miles de visitantes todos los años. La economía va mejor, pero diez años después del inicio de la crisis todo ha cambiado, el marco laboral no es el mismo, los salarios retrocedieron una década, y allí se quedaron, y la revolución tecnológica está derrumbando los últimos sectores blindados. Antes de que entremos en el verano, el Gobierno andaluz contará con los datos de techo de gasto y de déficit que le exige Madrid, pero el Presupuesto de 2018 será expansivo, ya lleva creciendo algunos años de modo tímido, pero ahora se entrará en porcentajes un poco superiores al 3%.

La presidenta Susana Díaz, que acaba de cambiar de Ejecutivo, ya ha adelantado que 2018 será el de la recuperación, y sus aliados de Ciudadanos (C's) van a exigir una nueva bajada de impuestos, en especial el de Sucesiones, del que ha hecho una bandera en todo el país. Los de Juan Marín sostienen que será intransigentes en esto: en junio o julio quieren cerrar la reforma del descenso.

Susana Díaz augura la recuperación económica en 2018 y C's aprieta para bajar impuestos

La reforma que Ciudadanos defiende se basa en una reducción de los coeficientes que se aplican al valor catastral de los inmuebles que sirven de base imponible para el cálculo de los impuestos. La última actualización es de julio de 2016, y el partido de Albert Rivera sostiene que es la causa principal de los altos impuestos que se pagan en Andalucía al recibir las herencias. C's ya consiguió que el PSOE ampliase la bonificación hasta los 250.000 euros por heredero de primer grado, pero ha hecho bandera de esta reducción y ha planteado que si no se produce para 2018 no habrá Presupuesto. Por este concepto, la Junta recaudó en 2016 un total de 376 millones de euros, y los naranjas estiman que su reforma recortará la cantidad hasta la mitad. Una visión más optimista de este partido sostiene que la recaudación aumentará si bajan estos tipos, porque habrá nuevos contribuyentes. Eso está por ver. Quitar 150 millones de euros de la partida de ingresos es mucho, pero la recaudación por IVA y por IRPF va bastante bien, por lo que los naranjas entienden que es posible hacerlo.

El Gobierno de Susana Díaz no se niega a ello, otra cosa es la oposición que pueda encontrar en María Jesús Montero, la consejera de Hacienda, siempre más estricta con la calculadora y enemiga de bajar un impuesto que considera que ya sólo lo pagan los acaudalados. En las próximas semanas, Ciudadanos y PSOE tienen que constituir un grupo de trabajo para la reforma. La idea de Díaz y de Montero, sin embargo, es que la Junta necesita ganar tiempo: ellas suponen que el Gobierno central acabará con este impuesto, o lo reducirá de modo drástico, con motivo del nuevo sistema de financiación autonómica. Si fuese así, el Estado tendría que compensar a las comunidades que lo recaudan con esa misma cantidad. Pero el modelo de financiación no se va a negociar hasta 2018, y Ciudadanos quiere que ese año ya esté reducido.

Antes del verano, el Ministerio de Hacienda convocará a las comunidades autónomas para dos reuniones. En una de ellas les comunicará el techo de gasto y en la otra debe abrirse la negociación del modelo. Está pendiente también de establecer la regla de gasto, que obliga a los gobiernos autónomas a limitar sus gastos corrientes, aunque cuenten con financiación para ello, de modo que no creen conceptos estructurales que sean incapaces de financiar en tiempo de vacas flacas.

Las relaciones entre Ciudadanos y el PSOE son buenas, todo indica que Susana Díaz podrá acabar su legislatura sin problemas. En el cambio de Gobierno del jueves pasado no ha quedado afectado su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, que es quien lleva las relaciones con Juan Marín, el líder de los naranjas. A principios de esta semana, Ciudadanos entregó al PSOE una hoja de ruta con los deberes de este año, que incluye la reforma fiscal, la limitación de mandatos, el fin de los aforamientos y la renovación del consejo de administración de la RTVA, que es el mismo desde el último Gobierno de José Antonio Griñán. El PSOE preferiría que Ciudadanos entrase en un Gobierno de coalición, ya que de este modo blindaría a un posible socio para las próxima legislatura. Las relaciones con IU han empeorado y no parece que se reconduzcan, por lo que Susana Díaz necesita contar con Juan Marín a su lado para lo que hiciese falta en un futuro. La oferta de entrada en el Gobierno es permanente, aunque Ciudadanos no entrará en esta legislatura.

El aumento del Presupuesto puede estar en torno al 3%, y recogerá la contratación de nuevos profesores y de profesionales de la salud en una oferta pública de empleo que ascenderá a 5.000 personas. Susana Díaz también se ha comprometido a bonificar las matrículas universitarias en un 99% para los alumnos que vayan aprobando, para lo que se calcula un coste de 25 millones de euros. Y, además, implantará una renta mínima de inserción social para quienes no ingresen ni 415 euros al mes, un salario que se prolongará durante 12 meses. De este modo, podrá encarar 2018 de un modo distinto al que deparó el año en que llegó, en 2013. Las elecciones autonómicas se deberían celebrar a mediados de 2019, y su candidatura parece despejada una vez que Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE.