El Juzgado de Menores de Huelva ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar 120.000 euros por el crimen de Pedro Martínez, un mendigo que, en diciembre de 2008, fue apaleado brutalmente hasta la muerte a manos de un menor que estaba bajo la tutela de la Administración autonómica.

El autor del homicidio del sin techo, que saldará la muerte de la víctima con ocho años de reclusión y otros cinco de libertad vigilada, tenía a sus espaldas un amplio historial de fugas (un total de nueve huidas de centros de internamiento en apenas año y medio) que, a consideración de la juez titular, Carmen Orland, dejan ver "la incapacidad de los servicios de protección para hacerse con el menor".

La sentencia acredita, en primer lugar, que la tutela del menor está en manos de la Junta desde 2006, cuando cesó el acogimiento que tenía la Generalitat de Cataluña (desde 2001) en favor de la Administración andaluza que emitió, en agosto de 2007, la correspondiente resolución de desamparo por la que se hacía cargo del menor privabando al padre de su guarda. "Está claro que los responsables de la custodia del chico eran las entidades tutelares que la tenían atribuida legalmente y lo supervisaban desde hacia tiempo y se habían mostrado incapaces de controlarlo para que permaneciera en los centros donde estaba prevista su residencia".

La juez rebate la petición de la abogada de la Junta de Andalucía de reducir la cuantía de la indemnización (la letrada calificó de "desmesurada" esta cantidad, alegando que Pedro Martínez "vivía en la miseria") y señala que "la facultad de moderación (de la indemnización) se vincula a una situación en la que los responsables del menor, la Junta, en este caso, no hubieran favorecido la conducta del mismo con dolo o negligencia grave".

El día en el que se produjo el crimen (17 de diciembre de 2008), el autor de apaleamiento mortal de Pedro Martínez debía estar internado pero llevaba 14 días en la calle, conviviendo con su padre (al que la autoridad judicial libera de responsabilidad por no tener la custodia), después de fugarse del centro Juan Ramón Jiménez.

Ésa fue la última de un rosario de evasiones que comenzó en abril de 2007, cuando el menor se marchó del centro Emaus de Gibraleón. Hizo lo mismo, poco después, en la Ciudad de los Niños y lo repitió en el centro de modificación de conducta Santa Elena de Córdoba, en el que permaneció poco más de un mes. En marzo, fue localizado e internado de nuevo en la Ciudad de los Niños, esta fue la estancia más corta de todas, horas después estaba en la calle. A éstas les seguirían de nuevo Córdoba (de marzo a julio de 2008) y el centro de atención Pérez Galdós de Huelva (del que se fugó en octubre de 2008).

La penúltima evasión fue ante su educador, en el Juzga+do de Menores donde fue trasladado para declarar por un procedimiento que tenía abierto y del que se marchó. Cuando el menor mató a Pedro Martínez debía haber estado custodiado por la Administración en el Centro Juan Ramón Jiménez, pero también se había marchado. La Junta ha recurrido ya la sentencia.