La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, rechazó ayer de "plano" el acoso o coacciones a políticos mediante los conocidos como escraches y avisó que el Ejecutivo será "contundente" si detecta en determinadas actuaciones algo "irregular" o "alegal".

En rueda de prensa en Granada, tras firmar convenios de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para su integración en el sistema integral de seguimiento de violencia de género, Crespo recordó que por este asunto ya se ha celebrado en la Delegación del Gobierno una primera reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y avanzó que, en el mismo sentido, mantendrá un encuentro próximo con todos los subdelegados.

"El acoso a cualquier persona es muy rechazable, más cuando son personas, de cualquier partido político, que son diputados elegidos libremente por todos los ciudadanos", según dijo Crespo, que afirmó que hasta ahora en Andalucía han sido víctimas el diputado del PP por Cádiz Aurelio Romero, a la puerta de su despacho, o una diputada de Écija a través de internet. "Estamos muy pendientes también de la asistencia a la sedes, aunque sea algo completamente distinto", señaló.

Para la delegada del Gobierno, esta práctica "puede hacerse extensible" a otros sectores, y estos escraches pueden dirigirse también contra empresarios u "otros colectivos". Consideró que, aunque "todo el mundo tiene derecho a manifestarse constitucionalmente", también el Gobierno tiene que garantizar el derecho "a vivir en paz".

La delegada mantuvo que los desahucios "no pueden suscitar" a las personas a "coaccionar" a políticos en su domicilio, "afectando a familias completas". "Si se produce algo alegal o irregular, el Gobierno actuará de forma contundente", concluyó Crespo.