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Andalucía

C's retira su apoyo al PSOE por blindar a los empleados de la extinta Faffe

  • La oposición califica de "trampa" el otorgar tareas de funcionarios a 1.550 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo Es la segunda vez que la Cámara deroga un decreto

El Parlamento andaluz tumbó ayer por segunda vez en la legislatura un decreto ley de la Junta. "Parece que el PSOE todavía no se ha enterado de que no tiene mayoría absoluta y está obligado a dialogar con los grupos", resumió el diputado del PP, Miguel Ángel Torrico. 47 votos a favor, 51 en contra y 9 abstenciones. La aritmética resultante de las últimas elecciones fue esta vez letal para el intento del PSOE de que la Cámara diera luz verde a una medida anunciada con el objetivo de facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo, pero que "oculta" una disposición adicional que asigna tareas propias de funcionarios al personal integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) procedente de la Faffe y otros entes públicos relacionados con el fomento del empleo extinguidos en 2011.

Una medida que fue calificada por la oposición de "puñalada trapera", "juego sucio", "trampa evidente" o "chapuza". Por esta disposición adicional, unos 1.550 trabajadores con contratos de personal fijo pasarían a realizar labores limitadas hasta ahora a los empleados públicos del SAE. Una modificación que no gustó nada a los grupos de la oposición. Incluido Ciudadanos (C's), partido que facilitó la investidura de Susana Díaz al que el resto de grupos acusan de ser un "socio en la sombra" de la gestión del PSOE en la Junta, pero que ayer se abstuvo y escenificó la soledad socialista cuando le falla la formación naranja.

Su portavoz adjunto, Sergio Romero, insistió en que ya no funciona el "rodillo" del PSOE, y le emplazó a "primar a partir de ahora el diálogo". Además, lamentó que la inclusión de la polémica disposición adicional por parte del Gobierno andaluz va a provocar que "muchos desempleados no se puedan acoger" a los planes de empleo que recoge el decreto. Romero defendió que "haya una convocatoria pública, una oposición pública para que haya una libre concurrencia y competencia para entrar" en el SAE y deje de ser "un cajón desastre". C's criticó que la Junta pretende "de forma turbia" poner a las más de 1.500 personas que tiene "en nómina" a atender las demandas de empleo del SAE cuando no han pasado el proceso necesario para desarrollar esas funciones "en condiciones de igualdad con el resto".

El PP acusó al PSOE de ser el "único responsable" de la derogación de la norma por su "falta de diálogo y la soberbia que ha demostrado en la Junta y en la Cámara andaluza". Los populares afirmaron que "si todas las plazas en Administración andaluza se hubieran cubierto por oposición, no existiría el problema que surge cuando hay otra forma de acceso menos rigurosa", pero que la Junta "no tiene voluntad de respetar los principios constitucionales de libre concurrencia, mérito y capacidad".

Podemos defendió su voto en contra en que la citada disposición adicional no tiene "nada que ver" con el objeto del decreto y "aparece de rondón" sin que el Gobierno se haya reunido "con nadie". Además, añadió que este modo de operar es lo que ha llevado a que se dé la paradoja de que en las oficinas del SAE haya una "cantidad ingente de trabajo y, por otra parte, trabajadores sin función".

El parlamentario de IU José Antonio Castro desveló que los sindicatos "están que trinan" porque cuando el Gobierno andaluz solicitó su opinión sobre el decreto "no les enseñó la disposición adicional" y advirtió del enfado de los funcionarios interinos porque "saben que en el SAE no va a haber más oposiciones".

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, fue el encargado de abogar por la aprobación de la medida. Para ello, aseguró que las funciones asignadas a los empleados de las antiguas fundaciones de empleo en el SAE no invaden "en ningún momento" las potestades públicas reservadas a los funcionarios y que este objetivo está delimitado "con toda claridad" en el decreto.

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