Sólo dos años. Dos años menos un día para ser más exactos. A las provincias de Cádiz y Sevilla solamente les queda ese tiempo para ver al fin cómo se levanta la condena que le cayó a ambos territorios hace ya casi medio siglo en materia de comunicación por carretera. Y es que a la autopista Sevilla-Cádiz (antes A-4 y posteriormente renombrada como AP-4), inaugurada entre 1971 y 1972 y que siempre ha sido de pago, le quedan en teoría eso, dos años menos un día, para que a partir del 1 de enero de 2020 desaparezca su peaje y pase ser una carretera gratuita.

En teoría. Ahí está la clave. En los últimos años todo parecía ir bien encaminado: el Gobierno del PP no tenía dudas sobre la injusticia que supondría impulsar una cuarta prórroga del peaje. La ex ministra Ana Pastor llegaba a afirmar públicamente que mientras ella fuera la titular de Fomento no se prorrogaría el peaje de la AP-4. El reloj seguía avanzando buscando confiado el final de 2019... hasta que de la nada han ido surgiendo interrogantes.

El último episodio al respecto lo protagonizó el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que hace apenas dos semanas, en el transcurso de un Foro Joly en Sevilla, fue preguntado por el futuro de la AP-4, y hasta en tres ocasiones diferentes repitió lo mismo: "La voluntad del Gobierno es no prorrogar la concesión que existe en este momento", se limitó a afirmar sin querer desvelar qué ocurrirá cuando esta autopista revierta al Estado a partir de 2020.

La autopista Sevilla-Cádiz tiene una característica muy especial y es que durante décadas se ha convertido en un argumento continuo de enfrentamientos políticos. A los partidos que no gobernaban en Madrid les faltaba tiempo para organizar en Cádiz y en Sevilla concentraciones y plataformas de cara a presionar a quienes llevaban las riendas del Gobierno central para que se decidieran a liberar esta eterna carretera de pago. Y esa pugna aún continúa.

El delegado del Gobierno en Andalucía y también presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, se preocupó días atrás en un desayuno navideño con los medios de comunicación en trasladar el mensaje de que no hay nada que temer: "Nuestros planteamientos no han cambiado, la posición del Gobierno continúa siendo la misma y seguimos asegurando que no habrá ni otra prórroga del peaje, ni una nueva explotación de la concesión", dijo como intentando espantar las ambigüedades.

En cambio, la Junta de Andalucía y el PSOE han iniciado una cruzada que tiene como única meta que las provincias gaditana y sevillana cuenten al fin y cuanto antes con una autovía gratuita que las una por carretera. No son pocos quienes consideran que la Junta y el PSOE actúan ahora en este asunto movidos por un simple ataque de celos ante la posibilidad de que un Gobierno del Partido Popular termine suprimiendo el peaje en la AP-4.

Pero Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, niega la mayor: "El día que esa autopista sea gratis yo aplaudiré a quien lo haya conseguido, sea del partido que sea", afirma. El número dos del Ejecutivo de Susana Díaz justifica la ofensiva que su partido ha iniciado en todas las instituciones para liberar ya esta importante vía de comunicación porque dice ver cosas raras alrededor de la autopista. "Esto es muy fácil. Que alguien del Gobierno diga públicamente que el 1 de enero de 2020 la AP-4 será gratuita y se acaba ahí el debate. Pero como eso no sucede yo me temo lo peor, me temo que estén tramando algo. Porque desde el Gobierno y desde el PP sólo dicen que no habrá prórroga, pero eso no imposibilita que puedan inventarse otra fórmula para seguir cobrando a los conductores", reflexiona el dirigente socialista.

La historia de la autopista Sevilla-Cádiz se resume muy fácilmente: pagar, pagar y pagar. Así fue desde 1969, cuando el Gobierno de Franco firmó un convenio con la empresa Bética de Autopistas para la construcción, conservación y explotación de esta carretera. Esa concesión se firmó por 24 años y el peaje se instauró desde el principio, inaugurándose esta autopista en parte en 1971 y en su totalidad en 1972. Según los plazos acordados entre las partes, la AP-4 tendría que haber sido gratuita a finales de junio de 1993, pero esa opción voló por los aires cuando el Gobierno de Adolfo Suárez decretó en mayo de 1977 una primera prórroga de la concesión. La autopista, por tanto, pasaría a ser de pago casi seis años más, hasta el 30 de abril de 1999.

El Ejecutivo socialista de Felipe González adoptó una decisión similar en 1986. Tras aceptar la fusión de Bética de Autopistas y Autopistas del Mare Nostrum (Aumar), se estableció casi en secreto una ampliación de la concesión por espacio de siete años y ocho meses. El fin del peaje quedaba fijado entonces para el 31 de diciembre de 2006.

Y para completar el círculo llegaría en noviembre de 1997 el Gobierno de José María Aznar, que consumó la tercera prórroga. Esta medida terminó siendo validada por el Tribunal Supremo que rechazó un contencioso impulsado por la Diputación de Cádiz. Supuso por un lado la prórroga más amplia -13 años, hasta finales de 2019- pero, para compensarlo, trajo de la mano también la mayor caída de precios que se recuerda en esta vía y que llegó a ser hasta de un 40% en algunos casos.

El uso de la autopista aumentó así exponencialmente. Desde 1998 hasta 2005 la intensidad de tráfico en la AP-4 se incrementó en un 110%. Y el motivo no era otro que la bajada de precios. Y es que en 1996, por poner un ejemplo, un trayecto completo por autopista entre Cádiz y Sevilla costaba casi 1.400 pesetas, es decir, unos 8,40 euros de ahora. Y este importe no se ha vuelto a alcanzar ni con las subidas paulatinas de precio registradas en los últimos años, la última de ellas ayer, cuando entró en vigor un alza del 2%.

Desde la prórroga de 1997, el único acontecimiento de importancia que ha vivido esta autopista ha sido la eliminación del peaje de Jerez, una decisión que adoptaron los gobiernos socialistas de España y Andalucía en 2005. El Ejecutivo de Manuel Chaves, de manera cuanto menos sorprendente, decidió liberar por su cuenta el peaje de Jerez, que entonces costaba poco más de un euro a los conductores. Con el dinero de todos los andaluces, la Junta rescataba un tramo de una carretera que era y seguiría siendo estatal, una decisión aplaudida en Cádiz pero que conllevará que dentro de dos años la Administración andaluza le habrá pagado ya a Aumar, concesionaria de la vía, más de 125 millones de euros.

El convenio que habían firmado previamente el Gobierno andaluz de Chaves y el Gobierno español de Zapatero contemplaba que el Estado, por su parte, acometería el desdoble de la vieja carretera N-IV, a la que le quedaban 70 kilómetros entre Dos Hermanas y el aeropuerto de Jerez. Pero durante más de siete años ni Magdalena Álvarez primero, ni José Blanco después movieron un solo papel desde el Ministerio de Fomento para duplicar una carretera que ya entonces estaba considerada como una de las más peligrosas de la comunidad andaluza.

Las obras de desdoble de esta N-IV fueron iniciadas hace poco tiempo por el Gobierno de Rajoy en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios. Y este hecho es precisamente uno de los que siembran dudas sobre la finalización del peaje en la autopista. Porque, en el caso de que avance la construcción de la nueva autovía A-4 para sustituir a la peligrosa N-IV, ¿pasarán las provincias de Sevilla y Cádiz a contar con dos autovías gratuitas y paralelas cuando durante casi medio siglo no han disfrutado de ninguna?

Y a esta reflexión hay que unirle además el hecho de que eliminar el peaje de la AP-4 conllevaría unos costes más que importantes para las arcas estatales, ya que dejarían de ingresar lo que anualmente abona Aumar por esta concesión y, además, el Estado tendría que hacer frente a unos costes de mantenimiento de los que no se ha tenido que preocupar hasta ahora. A dos años de que, siempre en teoría, el peaje de la AP-4 pase a mejor vida, no son pocos los conductores que cruzan los dedos para que nada altere la consecución de un sueño que jamás había estado tan cerca.