La juez María Núñez Bolaños, que investiga el fraude de los cursos de formación, ha declarado causa de especial complejidad la investigación relacionada con el consorcio de formación Formades, lo que permitirá ampliar la instrucción durante 18 meses más.

En marzo pasado, la instructora acordó declarar compleja la instrucción de otras dos piezas de esta macrocausa sobre irregularidades en los cursos de formación de la Junta, en concreto, las referidas al entramado empresarial vinculado al imputado desde 2014 Rafael Velasco Sierra, ex vicesecretario general del PSOE-A, y al del también investigado desde la misma fecha José María Pérez González, a los que se atribuye un delito de fraude de subvenciones. 

La juez, atendiendo a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, declaró complejas estas dos piezas debido a la abundante documentación existente sobre la gestión llevada a cabo por los investigados, documentación que debe ser examinada y que se presume no podrá completarse en el periodo ordinario de seis meses. La declaración de complejidad implica que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dispone de un máximo de 18 meses para poder realizar la investigación de los hechos presuntamente delictivos. 

Con la declaración de complejidad de estas nuevas piezas, siete de los nueve bloques en los que se dividió la causa de los cursos tienen ya esta consideración. Con anterioridad, Bolaños declaró de "especial complejidad" la instrucción de tres piezas, las relacionadas con los consorcios de formación Ciomijas, CTI y Forman, y en febrero pasado, la magistrada adoptó la misma decisión con respecto a la pieza de los directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con lo que ya se ha declarado la complejidad de siete de los nueve bloques en los que se ha dividido la macrocausa de los cursos de formación.

Por ahora sólo quedaría por declarar la complejidad de la investigación de la pieza que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y la vinculada con los grupos de empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

En un escrito fechado el 9 de diciembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración de complejidad porque entiende que la causa de los cursos reúne los requisitos que establece el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal recordaba que, según la ley, se considerará que la investigación es compleja cuando "recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a una gran cantidad de investigados o víctimas; y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; o se trate de un delito de terrorismo".

A tenor de estos elementos, la Fiscalía concluye que la investigación de los cursos de formación presenta "todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial los cuatro primeros apartados y particularmente el quinto, ya que la misma se refiere a la revisión de la gestión de la entidad, lo que implica una labor revisora y de análisis especialmente complejo".

El 23 de diciembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó la separación de la investigación de los cursos de formación en nueve grandes bloques de piezas separadas. La instructora consideró que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debía separarse de la investigación realizada por las ayudas a Delphi, y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.