El Defensor revela recortes sociales de la Junta en la atención a presos

  • Un informe especial de la institución denuncia las carencias en dotaciones educativas, sanitarias y lucrativas.

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En los dos últimos años, el exitoso programa de animación deportiva en los centros penitenciarios de Andalucía ha sufrido una drástica reducción, en más de dos tercios de su presupuesto, y se encuentra en vía de extinción. La dotación de profesores no se ha incrementado en equivalencia al aumento de población penitenciaria. Hay también lagunas en los equipos de especialistas para el tratamiento de adicciones y en la atención a patologías psiquiátricas.

El impacto de la crisis y los recortes presupuestarios recorren las más de 220 páginas del informe especial en el que el Defensor del Pueblo andaluz analiza la intervención de la Junta de Andalucía en la dispensación de servicios en los centros penitenciarios. El estudio se lo entregó ayer el titular de la institución, José Chamizo, a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves.

El Defensor afirma en las conclusiones del estudio que es consciente de las limitaciones presupuestarias, pero propone a la Junta una serie de medidas si se quiere garantizar los derechos fundamentales de estas personas, "privadas de libertad, pero sin más limitaciones que las que imponen los fallos condenatorios".

Entre las propuestas para mejorar la colaboración de la Junta -la competencia de prisiones pertenece a Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior-, el Defensor reclama a la Consejería de Gobernación y Justicia la revisión del "obsoleto" convenio de 1992.

La Oficina del Defensor reclama a la Consejería de Turismo que restablezca el programa de animación deportiva que patrocina en los centros penitenciarios. En la actualidad, la Junta sólo destina 100.000 euros para la contratación de ocho monitores y dos coordinadores a media jornada.

La institución reclama la revisión al alza de las plantillas de profesores y asegura que la ratio con respecto a los presos se supera con creces, como en Alhaurín de la Torre o Córdoba, pese a reconocer los avances. Chamizo reclama a Igualdad equipos de especialistas para drogodependientes, de forma inmediata en Puerto III.

La población reclusa en Andalucía se ha duplicado desde las 9.155 de 1998 a las 17.150 en la actualidad, aunque en los dos últimos años ha descendido, "probablemente, por las expulsiones de presos extranjeros".

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