El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, plantea crear un registro específico sobre supuestos casos de acoso escolar, así como la elaboración de un estudio epidemiológico que determine el alcance real de este fenómeno en los centros educativos de la comunidad. Estas medidas se encuadran dentro de las 26 propuestas que contempla el Informe Especial sobre Acoso Escolar y Ciberacoso que Maeztu entregó ayer al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán.

El estudio denuncia "la escasa efectividad de las respuestas que se están ofreciendo a nuevas realidades como son el ciberacoso, la violencia de género en las aulas, o el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas". El Defensor, que recuerda que comenzó a dar la voz de alarma en la década de los noventa, insiste en que minimizar el alcance del acoso escolar "es el error más grave que se puede incurrir". Asimismo, critica que "en un elevado porcentaje de los casos, cuando se pone en marcha el protocolo, las agresiones se vienen produciendo desde tiempo atrás debido, entre otros motivos, a la ausencia de formación del profesorado para detectar tempranamente los casos". "La prevención, detección y atención a las víctimas o alos agresores se debe llevar a efecto con un enfoque multidisciplinar", insiste el Defensor del Menor, que subraya "el paralelismo entre acoso y violencia de género".

También recuerda que no se puede circunscribir al ámbito educativo, sino que es necesario involucrar a los padres y a los pediatras para identificar los síntomas del acoso en los menores. "Que el acoso sea todavía una realidad oculta es responsabilidad también de los adultos", asegura el análisis del Defensor, que plantea en sus conclusiones que "no es un fenómeno sólo educativo". "No creeemos que sea la escuela la que fomenta, crea o enseña la violencia, sino que como reflejo de la sociedad que es, se limita a reproducir en su seno la violencia que existe en su entorno", sostiene.

Las medidas que plantea el informe reflejan un enfoque multidisciplinar para abordar el acoso escolar. La premisa básica es la elaboración de un "plan integral donde queden recogidas las líneas de actuación de las políticas en materia de acoso escolar y ciberacoso". Asimismo, insiste en la necesidad de contar con estudios "rigurosos y periódicos" sobre la incidencia real y su evolución "en todos los centros educativos de la comunidad". "Los resultados deberán ser divulgados anualmente para conocimiento de la comunidad educativa y la sociedad en general", señala. La recogida de datos se debe complementar con un "registro específico" sobre supuestos casos de acoso y el Servicio de Inspección deberá velar para asegurar que "toda la información sobre las conductas contrarias a la convivencia" quede grabada.

El listado de iniciativas también abarca el impulso de programas de formación para el profesorado, el personal sanitario, familias y alumnos sobre los efectos del acoso o la "ciudadanía digital responsable", en referencia al uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, reitera la necesidad de dotar a los centros educativos "de los recursos personales y materiales necesarios" para que el protocolo actual contra el acoso sea efectivo. Y como complemento, facilitar "mecanismos de denuncia de fácil acceso para el alumnado y donde se garantice su confidencialidad".