Un inspector de seguros del Estado afirmó que en el ERE de la bodega González Byass se pagó un exceso de 812.659 euros en comisiones y que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández estuvo incluido como beneficiario desde 2008 hasta junio de 2011, cuando pidió un certificado de que no lo estaba. En el informe, entregado a la juez Mercedes Alaya, se afirma que las comisiones por este expediente fueron "superiores a la media de mercado", pues equivalen al 10% y la Dirección General de Seguros tiene fijada esa media en el año 2008 en el 5,65%.

Fernández, encarcelado desde el pasado 24 de abril, figuraba como perceptor de 262.458 euros, que empezaría a cobrar en octubre de 2012, y su importe no se descontó de la prima hasta junio de 2011, cuando solicitó a la aseguradora un certificado de que no había suscrito el boletín de adhesión. En su declaración ante la juez, Fernández aseguró que desde julio de 2008 renunció a su prejubilación en la bodega al no firmar el certificado de adhesión, pero la juez cree que sólo lo hizo tras conocer el proceso penal abierto contra él.

El inspector sostiene que en la póliza de González Byass "no se ha encontrado justificación sobre los criterios de elección" de la aseguradora o la convocatoria de un concurso entre varias "para suscribir el seguro más ventajoso".