El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, dijo ayer que cree que la nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el vertido tóxico de1998 por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), exime a la Junta de responsabilidad patrimonial alguna y señala a Boliden Apirsa S. L. "el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad", confirma que la Administración andaluza "lleva razón" y que "quien contamina paga".

En una sentencia anterior, el TSJA rechazó las exigencias de la Junta, básicamente por razones de forma; ahora, según Díaz Trillo, se habla del fondo.