El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) avala que las autoridades españolas exijan a un banco establecido en Gibraltar, Jyske, que operaba en España, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La sentencia de la corte, con sede en Luxemburgo, considera que la normativa española es "una medida proporcionada" porque todavía no existe un mecanismo eficaz que garantice una cooperación plena entre los Estados miembros que permita luchar de modo eficaz contra estos delitos.

El caso se remonta a 2007, cuando las autoridades españolas solicitaron información a Jyske porque sospechaban que la entidad estaba siendo utilizada para operaciones de blanqueo de capitales en el marco de sus actividades desarrolladas en España. El mecanismo era la creación en Gibraltar de estructuras societarias para evitar que se pudiera conocer la identidad del propietario real de inmuebles adquiridos en España, esencialmente en la Costa del Sol, así como el origen de los fondos utilizados.

En junio de 2007, Jyske transmitió una parte de la información, pero se negó a comunicar los datos sobre la identidad de sus clientes y las copias de las operaciones sospechosas realizadas en España invocando la normativa sobre el secreto bancario. Por ello, el Gobierno le impuso dos amonestaciones y dos sanciones económicas por 1,7 millones de euros.

La entidad recurrió ante la justicia española alegando que, de acuerdo con las normas de la UE, sólo tenía obligación de informar a las autoridades de Gibraltar y no a las españolas. El caso está en el Supremo, que dirigió una cuestión prejudicial a la justicia europea. En su dictamen, el Tribunal de Justicia de la UE señala que la normativa europea "no prohíbe expresamente" que las entidades de crédito que ejercen actividades en España comuniquen directamente a las autoridades españolas la información requerida contra el blanqueo.