El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández aseguró ayer, en la trigésimo quinta sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, que las ayudas sociolaborales que concedió la Junta durante una década eran "absolutamente iguales" a las que el Estado otorgó con la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995.

Fernández, que lleva seis jornadas declarando, explicó en concreto que la orden del 95 "si no fuera por la diferencia en los fondos", que procedían de la Administración central, eran "absolutamente iguales" a las que otorgaba la Junta, coincidiendo igualmente en aspectos como el régimen de publicidad o la discrecionalidad de las ayudas. "Era prácticamente la norma habilitante en la que se inspiró la Junta de Andalucía" para conceder esas ayudas, subrayó.

El ex alto cargo, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, manifestó que "siempre entendió que había una base normativa suficiente para actuar como se actuó" y señaló que esa base normativa estaba integrada por la ley de Hacienda Pública de la Junta, el reglamento de ayudas excepcionales, el convenio marco de 17 de julio de 2001 y la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que era una normativa "aplicable a Andalucía sin ningún tipo de duda".

El procesado precisó que en 2004 se debatió en la Comisión General de Viceconsejeros, en "el consejillo", un borrador de un proyecto de decreto de las ayudas bajo sospecha "para nada suponía llenar un vacío" normativo, porque ese "vacío nunca existió".

Fernández, que continúa respondiendo a las preguntas de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, tildó de "absolutamente incierto" que se creara ese supuesto procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención General de la Junta, ya que a su juicio es impensable que se creara un sistema "para engañar y obviar la legalidad. Es imposible, porque cualquier iniciativa de ese carácter deja huella", aseveró.

Cuando su letrado volvió a preguntar sobre la ideación de ese sistema, como sostienen las acusaciones, el acusado respondió que es algo que "le duele en lo personal y en lo colectivo" y supone además "no conocer una Administración como la Junta de Andalucía. No había voluntad ni intención. Es imposible que nadie pueda hacer un documento pensando en engañar a los demás", sentenció el ex consejero, que destacó que en 2001 "nada nace con el convenio marco", porque estos convenios ya venían empleándose desde los años 1999 y 2000.

En relación con el convenio marco de 2001 que él firmó como presidente del IFA con el consejero de Empleo José Antonio Viera, indicó que cuando se lo pusieron a la firma "tiene que presumir que cumple todos los requisitos" legales y apuntó que "cabe la posibilidad de que ese convenio fuese informado por los servicios técnicos y jurídicos del IFA".

El ex consejero defendió la legalidad de unas ayudas con las que se pretendía "procurar un tránsito digno hasta la jubilación" de las personas afectadas por las numerosas crisis empresariales que se produjeron en la década 2000-2010, garantizando una renta suficiente a las familias con esas prejubilaciones y para no abandonar a los territorios donde se ubicaban esas empresas con problemas.

Fernández dijo que de los 6.300 trabajadores beneficiados por las ayudas, los supuestos intrusos se reducen a un grupo de 15-20 personas, lo que supone un 0,2% del total de las ayudas concedidas, y recordó además que de los 741 millones que suponen esas ayudas, entre 140 y 150 millones han sido abonados a la tesorería general de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales. Sobre los intrusos, agregó que "no hay ERE irregulares, todos los ERE eran legales, otra cosa son las pólizas de rentas".

La defensa le mostró documentos firmados por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior Juan Ignacio Zoido -que luego ejerció la acusación popular en los ERE- en relación con las ayudas a la Faja Pirítica, de la que se beneficiaron 800 trabajadores según explicó Fernández, que reiteró que las ayudas del Estado eran "coincidentes" con las de la partida 31L, y coincidían también el instrumento empleado, la naturaleza y los peticionarios, por lo que concluyó que eran "iguales".

El ex consejero sostuvo que el decreto 4/2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas a esos 6.300 trabajadores, por lo que en su opinión esa regulación era una "actualización de lo que se había hecho entre 2000 y 2010". Fernández comentó que "nunca hubo ningún debate sobre el título competencial" sobre el que se concedían las subvenciones. "Quizás no supimos identificar el título competencial hasta el año 2012", con el dictado del decreto 4/2012 una vez que estalló el escándalo judicial de los ERE, y así añadió que en el año 2012 "se da con la tecla en cuanto al título competencia, pero eso no invalida el conjunto normativo y las actuaciones hechas entre 2000 y 2012, lo que hace es actualizar su propio cómputo normativo", dado que todos los gestores tenían "tranquilidad jurídica" en lo que hacían.

El juicio de los ERE continuará este martes con la última parte del interrogatorio de la defensa, que está previsto que agote toda la sesión, por lo que la declaración del ex presidente José Antonio Griñán se iniciará mañana.