La Fiscalía cuestiona a la Policía por la "intrusiva" detención de Torres Hurtado

  • Asegura que el estado actual de la investigación no permite fundamental "medidas tan intrusivas" en el caso de Torres Hurtado. Todos los arrestos se produjeron "a iniciativa policial".

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A las 07:45 de la mañana del miércoles, 14 agentes de la Policía tocaron a la puerta del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, para proceder a su detención y al registro de su domicilio. Al mismo tiempo, el operativo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional iniciaba los registros en casa de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, en varias dependencias municipales y en las sedes de las empresas supuestamente implicadas en la trama. La calle Obispo Hurtado nunca había visto una concentración de policías -y de medios de comunicación- como la que se produjo ayer para proceder a la detención del alcalde. El espectacular despliegue, sin embargo, tuvo resultados bastante modestos: de la vivienda de Torres Hurtado, según el propio alcalde, los policías sólo se llevaron su teléfono móvil y una tablet. Las cajas preparadas para cargar documentos -que sí que salieron llenas de otros registros como el de la Gerencia de Urbanismo-, se quedaron sin montar.

"Espectáculo mediático" y "circo". Así calificó Torres Hurtado el pasado miércoles el dispositivo policial que, tras detenerlo, lo llevó hasta el Ayuntamiento y, posteriormente, a la Comisaría de Policía para declarar sobre su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en el Consistorio.

Torres Hurtado no ha sido el único que ha cuestionado la actuación policial. La Fiscalía General del Estado remitió ayer un comunicado en el que se desvincula de la detención del alcalde de Granada y achaca la decisión unilateral a la Policía. Según el Ministerio Fiscal, de momento no hay nada que justifique el arresto y el registro del domicilio de Torres Hurtado.

"La Fiscalía ha informado favorablemente la práctica de todas las diligencias solicitadas por el cuerpo policial, salvo la relativa a la detención y la entrada y registro en el domicilio particular del alcalde de Granada", apunta en su comunicado, que no menciona ni a la concejal de Urbanismo ni a ninguno de los otros 15 investigados en el marco de la macrooperación. En su opinión, "el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales" como las que se llevó a cabo en relación a Torres Hurtado, "sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos". Además, la Fiscalía General del Estado indica que todas las detenciones efectuadas el miércoles se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, "no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial", aunque sí que habían sido comunicadas con anterioridad.

El de Torres Hurtado no es el primer caso de desavenencias entre la autoridad policial y la judicial. Las macrooperaciones con detenciones y registros como las del caso de los ERE o de los cursos de formación de la Junta de Andalucía son una muestra de las incoherencias entre las decisiones judiciales y las de actuaciones de las unidades de élite de la Policía Nacional y la Guardia Civil (UDEF y UCO), ya que en la mayoría de los casos los numerosos detenidos son puestos en libertad poco después de llegar al Juzgado.

En su día, y aunque fue mucho menos chocante, también se produjeron reacciones adversas por la detención de Marina Martín, ex delegada de Empleo de la Junta en Granada y actual directora de la Fundación El Legado Andalusí, que fue sorprendida por la Policía en su domicilio y esposada delante de sus hijos. Martín, además, tuvo que hacer frente a una segunda detención un mes después por parte de la Guardia Civil, lo que levantó críticas por la falta de coordinación de los cuerpos policiales.

Muy diferente fue el arresto de otra de las personalidades públicas granadinas que se ha visto implicada en una investigación judicial: María del Mar Villafranca. La ex directora de la Alhambra fue citada telefónicamente por la Policía Nacional para que acudiera al día siguiente la Comisaría, donde fue informada de que le tomaban declaración en calidad de detenida.

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