La Fiscalía de Granada ha pedido penas de cárcel que suman 1.122 años para un total de 334 acusados de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial que, a través de un entramado de sociedades ficticias, defraudaron presuntamente a la Seguridad Social más de 2,5 millones de euros en concepto de subsidios por desempleo.

En este caso, que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada y está enmarcado en la denominada operación Genil, los ocho presuntos cabecillas de la trama se basaron en un sistema de empresas fantasma para cobrar prestaciones sociales. A través de estas sociedades, en ocasiones creadas mediante personas interpuestas, defraudaban al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) y a la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que era entregada por cada supuesto trabajador.

Para ello, estas ocho personas -a quien la Fiscalía considera los principales acusados, los empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Ángel S.A, y los representantes de sociedades Rodolfo G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C. y María Luisa H.S.- tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el Inem de un contrato de trabajo ficticio elaborado expresamente para ello.

El trabajador permanecía de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo. Los acusados presentaban ante el servicio de empleo toda la documentación necesaria para acceder a los subsidios.